El Gobierno cree que la disolución generalizada de los ayuntamientos del País Vasco y Navarra gobernados por ANV "no parece posible" con la actual legislación, pero está firmemente comprometido para que Acción Nacionalista Vasca no tenga "ni un solo alcalde" en ninguna institución democrática.
Un compromiso reiterado hoy en el pleno del Congreso por la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, durante una interpelación urgente formulada por la diputada de UPyD, Rosa Díez, sobre la necesidad de utilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho para disolver los ayuntamientos gobernados por ANV.
En su intervención, Rosa Díez ha exhibido en la tribuna lo que ha definido como "el mapa de la indignidad", un folio con los 42 municipios gobernados por "los enemigos de los demócratas".
Díez ha apelado al artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local para defender que el Gobierno puede iniciar la disolución de estas corporaciones locales y ha insistido en que el Ejecutivo es la única institución que puede actuar en ese sentido.
"El resto, tenemos las manos atadas", se ha lamentado Díez, pero sus afirmaciones han sido rebatidas por la ministra, quien ha rechazado que se pueda aplicar esa normativa para proceder a disolver los ayuntamientos, razón por la cual -ha dicho- el Gobierno está trabajando en la reforma legal necesaria que lo haga posible.
Salgado y Díez han acabado protagonizando un agrio enfrentamiento en sus respectivos turnos de réplica, con un cruce de reproches en el que la diputada de UPyD ha acusado a la ministra de demagogia y ésta, a su vez, ha censurado su falta de prudencia y de contención.
Ambas han convenido en la necesidad de que ANV no debe gobernar en ninguna institución democrática, pero no se han puesto de acuerdo en las fórmulas que se pueden emplear para conseguir este propósito.
Díez ha esgrimido la ley para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales, que modificó la Ley de Bases de Régimen Local, para sostener que el Ejecutivo puede proceder a esta disolución.
Este supuesto afectaría, según la normativa, al caso de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
"No creo que haya un solo ciudadano en España al que no le parezca que la gestión de los ayuntamientos por parte de ANV no sea gravemente dañosa", ha observado Díez, quien ha recordado además la ilegalización de esta fuerza por sus vínculos con Batasuna y ETA.
La ministra, en cambio, ha evidenciado la imposibilidad de usar la ilegalización de ANV para disolver los ayuntamientos y ha aducido que existe una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional respecto al derecho de los cargos electos representativos a permanecer en sus puestos.
Tampoco es factible, ha dicho, aplicar de forma automática y general el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, porque debe acreditarse, a su juicio, que se han producido actuaciones reiteradas y graves de apoyo al terrorismo.
Con todo, ha subrayado el "compromiso inequívoco" del Gobierno de seguir "trabajando con todas sus fuerzas" para garantizar el derecho a la libertad y aislar a quienes no tienen cabida en la democracia.
Salgado ha considerado imprescindible la unidad y la firmeza en la lucha contra el terrorismo y ha hecho un llamamiento a Díez para reclamar su consenso.
Para la ministra, "no se trata de actuaciones de cara galería", sino de un compromiso "cívico, moral y político", porque, además de combatir "a una banda de asesinos", es importante deslegitimar ética, política y socialmente a quienes les dan cobertura.
Ha agregado que, en cualquier caso, el Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "están vigilantes" para conseguir las pruebas imprescindibles.
En su réplica, Díez ha sido tajante: "No me diga usted que no pueden actuar; pueden", ha zanjado, antes de vaticinar que "lo van a hacer, más bien pronto que tarde, aplicando ese artículo", pese a que, mientras deciden, calculan y reciben los informes jurídicos, "niegan la mayor".
