En ese escrito, además de la disolución de esas corporaciones locales, el PP pide que los alcaldes de ANV no puedan gestionar la parte del fondo de 8.000 millones de euros aprobado por el Gobierno que correspondería a esos municipios.

La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha mostrado su sorpresa por la postura del PSOE, cuando, a su entender, se daba "el requisito claro de urgencia", habida cuenta además de que a comienzos de enero acaba el plazo para presentar proyectos que sean sufragados a cargo de ese fondo anticrisis.

En rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, Sáenz de Santamaría ha argumentado que es "un clamor en la calle" la exigencia de que sean disueltos esos ayuntamientos gobernados por ANV, fuerza ilegalizada ya por el Tribunal Supremo.

Convencida de que concurren "motivos más que suficientes" como para proceder a la disolución, Sáenz de Santamaría ha anotado que, no obstante y pese a no debatirse la iniciativa del PP, el Gobierno podría actuar por sí mismo de oficio aplicando la Ley de Bases del Régimen Local.