El PP considera que con la actual Ley de Bases de Régimen Local se podría abrir ya el procedimiento de disolución de los ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV), sin tener que esperar a la reforma legal anunciada hoy por el Ejecutivo, informaron a Europa Press fuentes parlamentarias 'populares'.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, avanzó hoy que se reformará la Ley de Bases de Régimen Local para que ANV no pueda gobernar ayuntamientos. Según explicó, es "muy difícil" que se puedan disolver consistorios con el artículo 61 de esa norma, ya que exige "reiteración" en la cobertura o apoyo expreso al terrorismo.
Aunque el PP está "abierto" a escuchar y estudiar cualquier propuesta de reforma legal que plantee el Ejecutivo que permita avanzar en la lucha antiterrorista, entiende que la actual legislación permite disolver los ayuntamientos en los que gobierna ANV.
PODRIA HABER PROBLEMAS DE RETROACTIVIDAD.
Es más, cree que ésta es la fórmula más rápida e inmediata para actuar ya contra Acción Nacionalista Vasca (ANV) y advierte que la reforma legal que propone el gobierno sería a más largo plazo y además podría tener "problemas de retroactividad".
Por eso, el PP confía en que el PSOE respalde la iniciativa que registró ayer -que previsiblemente se debatirá en el Congreso el 16 de diciembre- en la se insta al Gobierno a que en el "plano más breve posible" apruebe un real decreto que disuelva los órganos de las corporaciones locales acogiéndose a la vía del artículo 61 de la Ley de Bases.
Además, y "en tanto se da cumplimiento a la citada disolución", el PP reclama las medidas necesarias para transferir a las Diputaciones Forales correspondientes las cantidades previstas para dichos municipios gobernados por ANV dentro del fondo de 8.000 millones que el Gobierno ha anunciado para inversiones locales.
Actualmente ANV gobierna, en solitario o en compañía de otros, un total de 43 municipios del País Vasco y Navarra. Se calcula que a los 18 más importantes les podrían corresponder más de 24 millones de euros del Estado.
