La Comisión Europea expedientó ayer a España al constatar que más de 400 localidades del país no disponen todavía de un sistema de tratamiento de aguas residuales conforme a la normativa medioambiental comunitaria. El expediente adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en un plazo de dos meses las autoridades españolas no han corregido la situación, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Un estudio de Bruselas confirma que seis zonas potencialmente sensibles todavía no han sido designadas y que una zona de Cantabria clasificada como menos sensible no cumple a las exigencias de la directiva. El Gobierno respondió que los datos no están actualizados.
El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, se declaró "muy preocupado" por el hecho de que "en un Estado miembro donde el agua es un recurso escaso y precioso, un gran número de localidades vierten a los ríos y al mar, incluso en zonas sensibles, aguas residuales que no han sido tratadas correctamente".
La directora general del Agua, Marta Morén, aseguró que los datos no están actualizados y que las cifras que baraja Bruselas son del año 2006.
Según datos de la Xunta, hay 40 municipios gallegos de más de 2.000 habitantes que no tienen depuradora y que, por lo tanto, incumplen la normativa europea. Las infracciones anunciadas ayer se refieren a municipios de más de 10.000 y más de 15.000. Según la lista de la Xunta, comparándola con datos del INE a 1 de enero de 2007, hay 17 zonas de más de 10.000 habitantes que están sin depuradora. De todas formas, la Xunta insiste en que están todas ellas en tramitación.
