10 de noviembre de 2008
10.11.2008
Yak-42

Defensa dice al juez que es complejo enviar documentación sobre los vuelos militares

10.11.2008 | 15:21

El Ministerio de Defensa ha comunicado al juez Fernando Grande-Marlaska, que investiga las supuestas irregularidades en la contratación del Yak-42, la "complejidad" que supone remitirle la "totalidad" de la documentación que existe sobre el transporte de soldados españoles en misiones en el exterior.

Así consta en el oficio que la subsecretaría de Defensa ha enviado al magistrado de la Audiencia Nacional en respuesta a la petición que hizo el juez a finales de agosto sobre los viajes que realizan los militares a misiones fuera de España.

"Se comunica la complejidad que presenta dicha petición por la dispersión de la información y por el previsible excesivo volumen de la misma, toda vez que este tipo de transporte se ha realizado de distintas maneras a lo largo del tiempo", señala el escrito.

Además, recuerda que las Fuerzas Armadas Españolas comenzaron a participar en misiones en el exterior en 1988 y que con anterioridad al 1 de febrero de 2002 el transporte se gestionó "en ocasiones" por la Dirección General de Política de Defensa, "otras veces" por el Ejército de Tierra, "e incluso a través de comisiones de servicio individualizadas utilizando vuelos comerciales".

Defensa señala también que entre febrero de 2002 y enero de 2005 los vuelos eran operados a través de la empresa de la OTAN Namsa, y que a partir de entonces la contratación del servicio se lleva a a cabo por el Estado Mayor de la Defensa mediante concurso semestral.

Marlaska ha tomado hoy declaración como testigos a tres representantes de Chapman Freeborn, la empresa contratista del avión Yak-42 que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Turquía y en el que fallecieron 62 militares españoles.

Según ha explicado el abogado de la Asociación de Familiares del Yak-42, Leopoldo Torres, los empleados han asegurado que cuando ocurrió el siniestro ya no trabajaban en la empresa, si bien han precisado que hasta que abandonaron la empresa no habían recibido ninguna queja sobre los aviones que contrataban.

En concreto, uno de ellos, Antonio Pérez Marín, ha manifestado que abandonó la contratista en diciembre de 2002 y que "mientras estuvo allí trabajando" enviaban en un principio la documentación de cada vuelo concertado a la Dirección General de Aviación Civil -que depende del Ministerio de Fomento- y después hacían esa "función de intermediación" con Defensa.

Por tanto, ha considerado el letrado, Defensa tenía conocimiento de la información "viciosa" del Yak-42, y entre esos documentos ha detallado la licencia y el certificado médico caducados del ingeniero de vuelo del avión siniestrado, la falta de licencia comercial, el exceso de horas en el plan de vuelo, la falta de seguros, así como que las cajas negras estaban "estropeadas".

Para el abogado, la declaración de Pérez Marín, Eduardo Palomo Palazón y Silvia Sánchez Andreu ha sido "decepcionante" ya que no han aportado ningún dato relevante para la investigación.

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