En una audiencia previa, los abogados de las familias de las víctimas han solicitado prácticamente las mismas pruebas que en el juicio anterior, que se celebró en enero de 2006 y que fue anulado por la Audiencia Provincial al considerar que no se emplazó correctamente a la compañía Chapman Freeborn, contratista del avión siniestrado.

El abogado de esta empresa, Luis Alberto García, y los de las otras dos compañías implicadas, Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air) y Busin Joint-Stock Insurance, han solicitado numerosas pruebas y prácticamente todas ellas han sido aceptadas por la jueza, que sustituye en este proceso al juez Ángel Dolado, que fue recusado por "carencia de imparcialidad", según la Audiencia Provincial.

En declaraciones a los medios de comunicación, uno de los abogados de las familias, Eudaldo Vendrell, ha explicado que la argumentación o estrategia de las tres empresas se basa en que el vuelo era militar y que por ello lo que en este proceso se discute "no es materia civil, sino administrativa", teniendo en cuenta que "las víctimas eran militares y cumplían órdenes y por tanto no hay responsabilidad de las empresas, sólo del estado".

El primer juicio civil por este caso se celebró en una sala especial habilitada en la Feria de Zaragoza los días 24 y 25 de enero de 2006 y las familias solicitaron unos 60 millones de euros en indemnizaciones a las tres compañías, aunque finalmente Ángel Dolado condenó a las tres empresas a pagar una indemnización global de más de 10 millones de euros a los familiares.