El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó ayer en libertad bajo fianza de 12.000 euros a la presunta representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en España, María Remedios García Albert. El juez le imputa a García Albert un delito de colaboración con organización terrorista. La acusa de difundir postulados de las FARC en Europa entre 2000 y 2008 a través de foros, páginas web, y documentos.
María Remedios García Albert había comenzado a prestar declaración ante el juez de la Audiencia Nacional pasadas las 14:00 horas. Finalmente, quedó en libertad y dispone de siete días para prestar la fianza que le ha sido impuesta.En el momento en que pague, estará obligada a comparecer semanalmente en el juzgado de su domicilio y tendrá prohibido salir de España.
La mujer, de 57 años, fue detenida el sábado en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) por agentes de la Comisaría General de Información, como presunta autora de un delito de integración en banda armada, en el marco de la denominada "Operación Cali", llevada a cabo en coordinación y colaboración con las autoridades policiales de Colombia.
La detenida utilizó su cargo dentro del secretariado de la ONG Organización de Solidaridad para Asia, Africa y América Latina, que ocupó hasta hace unos meses, para involucrarse en las actividades de apoyo a las FARC. Así ofrecía apoyo logístico en España a destacados dirigentes de aquella organización terrorista, como Luís Edgar Devia Silva, alias "Raúl Reyes", y Ovidio Salinas Pérez, alias "Juan Antonio Rojas", entre otros.
Por su parte, el abogado de María Remedios García Albert negó ayer que ésta tenga una vinculación con la guerrilla colombiana y que sea su representante en España.
El letrado Enrique Santiago declaró ayer que la acusación inicial de posible integración en banda armada "ha quedado reducida a una posible colaboración con banda armada" y que su defendida fue puesta en libertad bajo una fianza.
"La defensa lo que va a mantener es que se trata, desgraciadamente, de una estrategia de criminalización impulsada el presidente colombiano, Álvaro Uribe, de todas aquellas personas que trabajan por la búsqueda de una resolución pacífica del conflicto colombiano", afirmó.
