Para esta asociación, según explica su presidenta, Carmen Flores, se ha creado una ley "coja, en la que cada comunidad hace lo que le viene en gana: unas la aplican a su antojo, dejando a la mayoría de dependientes sin las ayudas, y otras, como las de Madrid y Valencia, que directamente 'pasan' de cumplirla".

Por ello, y ante lo que consideran un "incumplimiento sistemático" de la Ley de Dependencia en un asunto "vital" para muchas familias, la asociación considera que debería ser el propio Ministerio quien asuma ese reparto.

"Instamos al Ministerio a cumplir con su deber, que no es otro que buscar la fórmula para que, en Madrid, Esperanza Aguirre, y fuera, sus compañeros, no se salgan con la suya, que es no dar ayudas, o mandar a residencias privadas a quienes no quieren ir", apunta Flores.

Afirma la presidenta de la asociación que es "humillante" que las ayudas se otorguen "como si fueran limosnas" y que las personas que las necesitan las tengan que recibir "como a la comunidad (que les corresponda) se le antoje".

Exigen, en ese sentido, "el verdadero cumplimiento de la ley", y que las ayudas lleguen a las familias que lo necesitan "como un derecho y no como una limosna", y sugieren la fórmula de que el Gobierno habilite oficinas desde donde se tramiten directamente las ayudas y se descuente después a cada comunidad lo que les corresponda pagar por cada dependiente.

Estos extremos, informa Flores, han sido transmitidos en una misiva a la Secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcárcel.