15 de julio de 2008
15.07.2008
40 Años
plan ibarretxe

El Gobierno recurre al TC la consulta de Ibarretxe por vulnerar "competencias excluvas" del Estado

El Ejecutivo pide la suspensión de la Ley de Consulta y el PP presenta su propio recurso para "preservar la unidad de España"

15.07.2008 | 18:53

Pocas horas después de que fuera publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, la Abogacía del Estado presentó ante el Tribunal Constitucional su recurso contra la Ley de Consulta impulsada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe. Un recurso en el que el Gobierno pide la suspensión inmediata de la norma y denuncia que vulnera cuatro preceptos constitucionales al "marginar el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado" de autorizar consultas populares por vía de referéndum. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que el recurso se ha interpuesto "en tiempo, en forma y con diligencia y decisión" y que el Ejecutivo cumplió lo prometido y ha actuado "desde el minuto uno" interponiendo dicho recurso. El PP también interpuso su propio recurso, éste sin efectos suspensivos, para "preservar la unidad y la integridad de España".

Fue el abogado general del Estado, Joaquín De Fuentes Bardají, el que sobre las diez de la mañana presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Consulta que el 27 de junio aprobó el Parlamento vasco y que hoy entró en vigor. Un recurso de 31 páginas en las que denuncia que la norma vulnera un total de cuatro preceptos constitucionales (los artículos 1.2, 2, 92.1 y 149.1) en cuanto que pretende "marginar el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado" para la autorización de consultas populares.

"Al entender que la consulta popular por ella organizada no está sujeta a la autorización del Estado ni regida por la Ley Orgánica 2/1980, la ley vasca impugnada vulnera claramente lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución", afirma el recurso que señala que la pregunta de Ibarretxe sobre el 'principio democrático', es decir, la que se refiere a la negociación entre todas las fuerzas vascas para alcanzar un acuerdo que luego sea ratificado en referéndum, "viola los artículos 1.2 y 2 de la Constitución española, al ser contraria a la atribución de la soberanía nacional al pueblo español, así como al principio de unidad de la Nación española".

Los Servicios Jurídicos del Estado señalan que, aunque la ley de consulta afirme que la iniciativa se lleve a cabo por la vía del referéndum y que sea jurídicamente vinculante, la realidad es la contraria porque "se somete a todos los ciudadanos y ciudadanas del País Vasco con derecho de sufragio activo (electores vascos) a dos preguntas sobre cuestiones o decisiones políticas de especial trascendencia no sólo para el País Vasco sino para España toda" y, por tanto, "la mayor o menor vinculación jurídica de su resultado no altera en nada el carácter de referéndum o no de la consulta".

En este sentido, el recurso señala que tanto "el 'final dialogado' de ETA, banda terrorista que, como es notorio, ha cometido sus numerosos y atroces crímenes dentro y fuera del País Vasco, y el 'derecho a decidir del pueblo vasco (o lo que es lo mismo el derecho de autodeterminación política de este pretendido 'demos')" que aborda la consulta son "cuestiones de especial trascendencia política para todo el pueblo español porque son de importancia nacional, no sólo de trascendencia, relieve o interés para la Comunidad Autónoma del País Vasco".

El recurso del Gobierno invoca expresamente artículo 161.2 de la Constitución Española, que prevé efectos suspensivos por un plazo de cinco meses en el caso de que el recurso contra la Ley de Consulta se admita a trámite, lo que podría producirse en los próximos días. "La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses", establece el apartado segundo del artículo 161 de la Constitución, cuyos efectos contarían desde la fecha de publicación de la norma impugnada, es decir, desde hoy, lo que imposibilitaría los planes previstos por el Gobierno vasco, que el 15 de septiembre pretende convocar la consulta que está programada para el 25 de octubre.

Así, el recurso concluye que la resolución de este asunto corresponde al Tribunal Constitucional en Pleno, al que solicita que suspenda la aplicación de la ley impugnada "comunicándolo así al Parlamento y al Gobierno Vasco y ordenando publicar la suspensión en los periódicos oficiales autonómico y estatal para que alcance eficacia general respecto a cualesquiera terceros". Y dada la urgencia de resolver el recurso planteado y sin perjuicio de la suspensión solicitada, el abogado del Estado pide al Constitucional que habilite agosto para que decida cuanto antes sobre el fondo del asunto.

"Desde el minuto uno"

Con este recurso, el Gobierno cumple lo prometido actuando "desde el minuto uno" contra la consulta de Ibarretxe el mismo día de su publicación oficial. "no habrá referéndum ilegal. Los ciudadanos pueden estar tranquilos y seguros porque nadie va a vulnerar las reglas del juego de la democracia", proclamó De la Vega en una rueda de prensa que ofreció en Valencia, en la que destacó que el recurso contra la iniciativa del lehendakari se ha presentado "en tiempo", "en forma" y "con diligencia, decisión, seriedad y serenidad".

"El Gobierno no va a consentir ni por un minuto un desafío al Estado", sentenció la vicepresidenta primera del Gobierno, que recordó que el Gobierno ya "paró la primera vez" el 'Plan Ibarretxe' y aseguró que "lo volverá a parar la segunda". En esta misma línea, el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, destacó que el Gobierno ha "parado jurídicamente con caracter inmediato" una iniciativa "claramente anticonstitucional".

Y ante el recurso y la más que probable suspensión de la consulta, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, espera que en el tripartito vasco "se imponga el sentido común" y el lehendakari "no continuará con su disparate". "Estoy seguro de que Ibarretxe no va a seguir" afirmó Bermejo que, interrogado sobre la posibilidad de suspender la autonomía se limitó a contestar que "no es bueno hacer especulaciones".

El recurso del PP

Pocas horas después de que el Gobierno presentara su recurso, el PP registró su propia impugnación ante el Tribunal Constitucional. "Es un fraude a los ciudadanos vascos, al conjunto de los españoles y a la constitución", afirmó la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, que fue la encargada de presentar el recurso junto con el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del partido, Federico Trillo, el hombre que ha capitaneado el equipo del PP encargado de elaborar el recurso.

En el texto, el PP señala que pretende "preservar la unidad y la integridad" de España, y "defender los derechos de todos y cada uno de los españoles a tener un marco de convivencia, el de la Constitución, elegido y defendido por ellos mismos". Así los populares denuncian que la consulta de Ibarretxe supone una "violación del sistema constitucional de competencias" y su contendido adolece de "inconstitucionalidad material" ya que las dos preguntas que se plantean para la consulta por entender que eluden "la voluntad del pueblo español en su conjunto y "supeditan el inicio del proceso a una decisión previa" de ETA.

Además el recurso del PP se suma a la petición de suspensión inmediata del Gobierno y pide que ambos recursos se acumulen porque tienen "idéntico objeto", señaló Trillo. Horas antes, el presidente del PP, Mariano Rajoy, confirmó que el PP interpondría su propio recurso y, en declaraciones a Punto Radio recogidas por otr/press, señaló que lo que el País Vasco necesita no son iniciativas como las de Ibarretxe sino "en primer lugar, libertad y derechos individuales; en segundo lugar, estabilidad institucional; y, por último, ocuparse de la economía de los ciudadanos vascos.

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