En un auto notificado hoy, en el que resuelve un recurso presentado por los familiares de las víctimas del siniestro, el magistrado afirma que no procede imputar a más militares porque "las condiciones y circunstancias de la contratación del avión siniestrado, en todo caso, gravitaban (...) sobre el Estado Mayor Conjunto (EMACON)".
Esta circunstancia, según el juez, "únicamente permite articular la imputación (...) respecto a quienes ostentaban alguna responsabilidad directa por disposición legal o en base a las funciones y responsabilidades que les eran inherentes".
Marlaska añade que en el caso de los militares que los familiares de las víctimas del Yak-42 pedían que fueran imputados "se observa con absoluta precisión la carencia de esa condición".
El magistrado también rechaza imputar a varios empleados de la empresa Chapman Freeborn, con la que la agencia de la OTAN NAMSA contrató el vuelo siniestrado, ya que "se trata de meros trabajadores, sin intervención directa, en parámetros de poderes decisorios generadores de la responsabilidad penal que se actúa".
Por último, el juez rechaza hacer nuevas valoraciones de las razones por las que decidió no imputar en la causa al ex ministro de Defensa Federico Trillo.
En un auto dictado el pasado 20 de mayo, Marlaska -que investiga en otra causa los errores en la identificación de los cadáveres- imputó un delito de imprudencia grave con resultado de muerte a cinco mandos militares en relación con las irregularidades en la contratación del Yak.
Se trata de los que fueron jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Antonio Moreno Barberá; y jefe del EMACON, Juan Luis Ibarreta; y de los responsables de este último organismo José Antonio Martínez Sainz-Rozas; Joaquín Yáñez González y Alfonso Elías Lorenzo Taboada.
