Estas ONG informan en un comunicado de que existe una tendencia al alza en la venta de armas españolas al extranjero, ya que en 2007 se alcanzaron los 932 millones de euros, un 10,4% más que el año anterior, según los datos remitidos recientemente por el Gobierno al Congreso de los Diputados.

Estas cifras ponen de relieve que España sigue vendiendo armas a "países en los que hay un riesgo real de que contribuirán a la violación de los derechos humanos, a la perpetuación de los conflictos armados y al deterioro de su desarrollo sostenible".

Las ONG denuncian que nuestro país vende armas a Colombia, Pakistán, Israel o Marruecos y consideran que los datos, aunque se refieren a operaciones anteriores a la aprobación de la Ley de comercio exterior de material de defensa y doble uso, "no son un buen punto de partida".

La citada ley, aprobada por las Cortes el pasado mes de diciembre, prohíbe operaciones de exportación a países que padezcan conflictos o se usen para atentar contra la dignidad del ser humano, así como a aquellos que incumplan el código de conducta de la Unión Europea (UE) y las directrices de los foros internacionales,

Para estas organizaciones, esta ley "es un paso adelante importante que tiene que traducirse el mayor control para poner fin al enorme coste humano que tienen las transferencias irresponsables de armas".

Estas organizaciones lamentan, además, las "enormes" cantidades de munición para caza y tiro deportivo que España exporta a países del África Subsahariana, que en 2007 no fueron sometidos a control.

Las ONG solicitan la comparecencia "sin dilación" del secretario de Estado de Comercio en la Comisión de Defensa del Congreso para explicar los criterios utilizados para la exportación y autorización en el 2007 de armas y material de doble uso a países con riesgo de violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Piden también al Gobierno una postura activa a favor de la elaboración de un Tratado Internacional por el comercio de armas efectivo en Naciones Unidas y la firma y rápida ratificación de la Convención de Dublín por la prohibición de las bombas de racimo.