El presunto ex máximo dirigente de los GRAPO y secretario general del Partido Comunista de España reconstituido (PCE-r), Manuel Pérez Martínez "camarada Arenas", dijo ayer que no tiene "poder orgánico" sobre la banda terrorista y que sólo que ejerce influencia "ideológica y política" sobre los militantes del PCE-r, partido que "justifica y explica las acciones de la guerrilla".
Pérez Martínez se expresó así en el juicio que comenzó ayer en la Audiencia Nacional y en el que se sienta en el banquillo de los acusados junto a José Luis Elipe López y María Victoria Gómez Méndez por la colocación de un artefacto explosivo en el interior de la basílica del Valle de los Caídos el 7 de abril de 1999.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía acusa a Pérez Martínez de dar instrucciones a los "miembros activos" de los GRAPO Elipe López y Gómez Méndez, junto a la ya condenada por estos hechos, la viguesa Mónica Refojos, para que, "aparentando ser turistas", colocaran el artefacto, cuya explosión causó grandes daños materiales.
El fiscal, Ignacio Gordillo, considera que los tres procesados son autores de un delito de daños terroristas por el que pide para cada uno de ellos una pena de siete años de prisión.
