En la segunda jornada de comparecencias de imputados declararon durante más de tres horas los militares que gestionaban la contratación de vuelos en el Estado Mayor Conjunto (EMACON): el jefe de la División de Operaciones y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez Sáinz de Rozas; el coronel jefe de la Sección de Logística de este departamento, Joaquín Yáñez; y el comandante Alfonso Elías Lorenzo, que trabajaba junto a los anteriores.
Todos ellos explicaron al juez que su labor se limitaba a planificar los traslados de tropa y carga correspondientes a las misiones que la Fuerzas Armadas desarrollaban el exterior, ya que las inspecciones técnicas de los aviones eran competencia de la agencia de la OTAN Namsa, cuya labor daban "por buena".
MENOS PRESUPUESTO POR IRAK Y EL 'PRESTIGE'.
En este contexto, dijeron que el EMACON establecía las rutas aéreas en función de las necesidades logísticas, a las que se supeditaban los traslados de tropa. De igual modo, reconocieron que la capacidad técnica y presupuestaria de su departamento se encontraba "muy limitada" en el momento del accidente, ya que coincidió con otras misiones como el accidente del 'Prestige', la guerra de Irak o el conflicto en Afganistán.
Las declaraciones de los tres miembros de la cúpula militar completan los testimonios que hicieron ayer el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, y el entonces jefe del EMACON, general de División Juan Luis Ibarreta, que asumieron la contratación del aparato y dijeron que volverían a "elegir el mismo sistema de vuelos".
CONOCIERON LAS QUEJAS 'A POSTERIORI'.
El coronel Joaquín Yáñez, que se encuentra imputado junto a los otros cuatro militares por un delito de 62 homicidios por imprudencia grave, declaró que al EMACON únicamente llegaron cuatro quejas referidas a fallos en el 'catering' o retrasos pero no a problemas de seguridad. Tras el accidente, según su testimonio, repararon en la existencia de otras 11, una de las cuales denunciaba el mal funcionamiento de la rueda de un avión.
En este sentido, el comandante Alfonso Elías Lorenzo aseguró desconocer por qué no les llegaron los informes elaborados por el Mando Aéreo de Levante (MALEV) --relativo a problemas de seguridad en aviones Tupolev e Illushyn-- y por el teniente coronel Marino, perteneciente al Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET).
En relación con esta última, los abogados de las familias de las víctimas señalaron que Martínez Sáinz de Rodas insistió en la teoría de que se remitió al Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA) y, posteriormente, y "por error", al Centro de Coordinación de la Defensa (CECOD) y no al EMACON. A la pregunta de qué habría hecho si le hubiera llegado un parte por error señaló que "lo habría dejado a un lado al suponer que el destinatario ya lo habría recibido".
En otro punto de su declaración, el contraalmirante explicó que en el momento del siniestro no existía ningún formato oficial para tramitar las incidencias de los vuelos, por lo que se trasladaban directamente a los departamentos afectados. Tras el accidente, propuso al entonces ministro de Defensa José Bono la creación de un grupo de "inspectores técnicos cualificados".
Con respecto a la pregunta parlamentaria sobre problemas de seguridad en aviones bielorrusos que el ex ministro de Defensa Federico Trillo contestó dos meses antes del accidente, Martínez Sáinz de Rozas contradijo a su superior, el general Ibarreta, y dijo que mantuvo un despacho con él para preparar esta intervención.
La causa sobre las presuntas irregularidades en la contratación del Yak-42 se volvió a abrir en noviembre de 2007 después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigiera el archivo acordado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3.
Desde ese momento comparecieron ante el magistrado el ex ministro de Defensa Federico Trillo, que por escrito atribuyó la responsabilidad de la contratación al EMACON; su sucesor en el cargo, José Bono, que aseguró que las quejas llegaron al jefe de gabinete del ministro; y cinco mandos militares.
También testificaron en la Audiencia Nacional el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas, un perito aeronáutico propuesto por la acusación que atribuyó el accidente al cansancio de los pilotos, y un comandante que recibió un correo electrónico de un compañero fallecido en el accidente en el que le decía que el avión siniestrado había sido contratado a "piratas aéreos".
En abril pasado, la Sala de lo Penal también obligó al juez Grande-Marlaska a reabrir una segunda causa relativa a la identificación errónea de 30 de los 62 cadáveres, en la que las acusaciones piden entre cuatro años y medio y cinco de cárcel para un general y dos oficiales.
