21 de junio de 2008
21.06.2008
ministro de Trabajo

Corbacho espera que la amistad entre Europa y Latinoamérica cambien la reacción de Chávez

21.06.2008 | 20:11

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró hoy que espera que la amistad entre Europa y Latinoamérica pueda cambiar la primera reacción del presidente venezolano, Hugo Chávez, ante la directiva de retorno de inmigrantes ilegales aprobada por el Parlamento europeo.

En declaraciones a los medios tras acompañar al vicepresidente búlgaro, Ángel Marín, en la celebración del Día Nacional de Bulgaria en la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, Corbacho se refirió a las advertencias de Chávez de que el Gobierno venezolano revisará las inversiones en el país de los estados que apliquen la directiva y de que a ellos "no irá" el petróleo.

Corbacho indicó que directivas de esta naturaleza siempre producen una acción y una reacción, pero después "hay que llevarlas al nivel diplomático" e, insistió que espera que no vaya "más allá de lo que han sido esas declaraciones" y que la amistad entre Europa y Latinoamérica sea lo que presida el futuro.

En ese sentido, hizo hincapié en que todos han de hacer un ejercicio de responsabilidad y de rigor y en que Europa está obligada a colaborar y cooperar con latinoamérica, pero también latinoamérica y otros continentes han de entender que Europa "no puede tener toda la inmigración ilegal e irregular que desee tomar a Europa como referencia".

Según cifras del padrón, agregó, el 11 por ciento de los habitantes de España son inmigrantes y no se puede crecer "infinitamente" y es preciso que desde los países de origen entiendan que los de destino tienen necesidad de regular los flujos.

"Lo que tenemos que hacer los países de destino es no perder de vista la necesaria solidaridad y cooperación al desarrollo con los países de origen", dijo, y "ese es el espíritu que debe presidir el futuro y quizá menos el de las afirmaciones de radicalidad", sean en Europa o en Latinoamérica.

Explicó además que España no va a aplicar la directiva en su plazo máximo para poder retener a un inmigrante ilegal, de 18 meses, pero sí ampliar ese periodo de 40 a 60 días.

Lo que no va a cambiar, recalcó, son las garantías que los inmigrantes ilegales tienen de tutela judicial, de asistencia jurídica gratuita y de respeto a los derechos individuales y humanos "por encima de cualquier otra consideración".

España, subrayó Corbacho, no quiere inmigración ilegal, porque quien la sufre es el inmigrante, y para ello es necesario un procedimiento de retorno en el que esté siempre presente el "respecto más absoluto" a los derechos individuales y humanos y las garantías jurídicas.

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