La jueza que instruye la Operación Astapa contra la corrupción urbanística en Estepona (Málaga) decretó ayer libertad provisional con fianzas de entre 100.000 y 500.000 euros para tres de los detenidos y sin fianza para un cuarto por diversos delitos. Fuentes judiciales informaron de que el ex consejero delegado de la promotora inmobiliaria Valle Romano, Luis Fernando Linares, tiene un plazo de 72 horas para abonar 500.000 euros, mientras que en el caso de dos abogados relacionados con dicha empresa, Armando Pérez y Daniel Delgado, la fianza asciende a 100.000 euros.

A los tres se les acusa de fraude y malversación y se les prohíbe salir de España y deberán comparecer cada quince días en el juzgado. A los dos abogados también se les imputa un presunto tráfico de influencias.

Por su parte, Enrique González, el empresario que gestionó la campaña publicitaria del PSOE en las últimas elecciones municipales en Estepona, quedó en libertad provisional sin fianza acusado de tráfico de influencias y deberá comparecer en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes. Con estas cuatro personas, la instructora tomó declaración a nueve de los 25 detenidos en la Operación Astapa.

Fianza

El abogado Jorge Mansilla, que defiende a Daniel Delgado y Armando Pérez, dijo tras la vistilla celebrada ayer que no tiene mucho sentido y es una "incongruencia" que se les acuse de malversación "porque no son funcionarios ni cargos públicos, por lo que en todo caso serían colaboradores".

Explicó que el fiscal desistió de acusar a Delgado de cohecho y le imputa tráfico de influencias por conocer a determinados funcionarios municipales y conseguir dinero "para personas en penuria económica, para que no le embarguen su casa o la saquen a subasta, o para actos benéficos en el Ayuntamiento".

Respecto a la fianza de 100.000 euros, señaló que la ha solicitado el fiscal "porque existe una presunción clara de que van a cumplir la orden judicial".

Asimismo, ayer fue detenido un nuevo implicado en esta trama. Se trata de José Ignacio crespo, un ex concejal del equipo de Gobierno y perteneciente al Partido de Estepona (PES). Este arresto eleva a 26 el número de detenidos, 24 de ellos en la provincia de Málaga y otros dos en la provincia de Córdoba, aunque las investigaciones se han extendido a Bilbao San Sebastián y Madrid, en donde se buscan lazos con esta red de corrupción. Además, es el segundo político del PES detenido, ya que el resto de los implicados dedicados a la política era miembros de la actual corporación municipal y, por lo tanto, del PSOE.

Ante la situación que vive actualmente el Ayuntamiento de Estepona, el Gobierno señaló que estudiará la posible disolución del mismo, aunque "por el momento" no se plantea dicho desenlace. En declaraciones a los periodistas en el Senado, la ministra Salgado, dijo que ahora "lo único que hace el Ejecutivo es dejar actuar a la Justicia, para que el tema se aclare lo antes posible". Será entonces cuando se tome una decisión.

Acusación

La Junta de Andalucía ha decidido personarse como acusación en las actuaciones judiciales abiertas en estos momentos en el municipio de Estepona (Málaga), donde la Administración autonómica ha tramitado un total de 86 denuncias vinculadas a la disciplina urbanística desde el año 2003. Dichas denuncias, que han sido impulsadas tanto por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas en Málaga como por la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, se refieren de manera mayoritaria a construcciones y edificaciones en suelo urbano y urbanizable.

Por su parte, el PP ha decidido impulsar en el Congreso el debate de una serie de medidas contra la corrupción urbanística, entre las que figura destinar los bienes incautados a políticas sociales.