El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), ha salido detenido de su casa a las 14.00 horas acompañado de agentes del Cuerpo Nacional de Policía que durante varias horas han registrado la vivienda.
Vestido con chaqueta oscura, Barrientos fue introducido por varios miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía en un vehículo de color blanco que le esperaba en la entrada de su domicilio, en la urbanización Bahía Azul, donde aguardan una treintena de periodistas.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía han registrado desde primeras horas de la mañana la casa del alcalde -que también ha estado presente en el registro del consistorio-, así como las delegaciones municipales de Hacienda y Urbanismo.
Los delitos imputados a los arrestados son cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales, todos ellos, según fuentes policiales, en relación con un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular del consistorio.
Fuentes de la Fiscalía, por su parte, han señalado que las investigaciones se centran en la recalificación irregular de terrenos, como ya ocurriera en el caso de Marbella, y consideran que de hecho el ayuntamiento de Estepona funcionaba "con el mismo patrón" que el de la vecina localidad en la que se desarrolló la operación Malaya por la que están procesadas casi un centenar de personas.
El PSOE ya ha iniciado el proceso para expulsar del partido a Barrientos.
Otro de los detenidos es el arquitecto municipal, Arturo Cebrián, a quien ya se había relacionado hace unos meses con un presunto caso de blanqueo de capitales y quien precisamente era objeto desde entonces de una investigación interna ordenada por el alcalde ahora arrestado.
El Ayuntamiento de Estepona está compuesto por 11 concejales del PSOE, 5 del PP, 5 del Partido de Estepona (PES) -integrado por ex miembros del GIL-, dos del PA, uno de IU y uno de Estepona 2007 -una ex alcaldesa del PP-
Delitos
Los delitos que se imputan a los detenidos en la localidad malagueña son, en principio, los de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.
El pasado 18 de febrero, el Ayuntamiento de Estepona informó de la apertura de una investigación sobre Cebrián, al conocerse que unas escuchas telefónicas lo vinculaban con el "caso Hidalgo" de presunto blanqueo de capitales, y de que había sido reasignado a funciones que excluían la tramitación de expedientes urbanísticos.
El alcalde anunció entonces en un comunicado que pretendía conocer "el alcance de las actuaciones" de este técnico y que "las supuestas acciones irregulares" no afectaban a la tramitación de ningún expediente por parte del Ayuntamiento, sino que obedecían "a una presunta actuación de carácter exclusivamente personal de uno de los arquitectos municipales".
El alcalde ordenó una investigación interna que aclarase lo sucedido y pidió al concejal de Urbanismo que "para tranquilidad de todos" le reasignase funciones al arquitecto que no comportasen la tramitación de expedientes urbanísticos.
Según un informe policial publicado esos días, al empresario Jan Nadir -imputado en el "caso Hidalgo" y que acordó comprar un terreno para edificar en Estepona- le dijeron en una conversación telefónica que hubo que entregar mucho dinero para lograr licencia de urbanización en una parcela de la localidad.
Los investigadores de la Policía señalaban que el comunicante de Nadir decía sobre ese permiso: "se va a tener en el mes de marzo, porque para esto nos ha costado el otro día soltar un montón de dinero a una gente del Ayuntamiento".
En dicho informe policial se explicaba que la referida compra de terrenos donde edificar "sería del todo imposible sin la connivencia de una persona que se encuentra dentro del área de Urbanismo, en este caso Arturo Cebrián", arquitecto municipal.
La investigación contra la corrupción urbanística, que se ha saldado hoy con una decena de detenciones se centra en la recalificación de terrenos del municipio, que se otorgaban a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado.
Fuentes judiciales han explicado a Efe que en la causa obran múltiples intervenciones telefónicas que indican que los concejales que firmaban esas adjudicaciones obtenían un beneficio económico.
La investigación fue iniciada por un Juzgado de Estepona con el apoyo de la Fiscalía de Málaga, pero la trascendencia del caso y el alto número de personas implicadas les llevó a solicitar al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que la causa fuera asignada a la Fiscalía Anticorrupción.
Tras estudiar el informe en el que se detallaba el estado de las investigaciones, Conde-Pumpido decidió hace aproximadamente un mes otorgar la competencia a la Fiscalía Anticorrupción malagueña.
