La Audiencia Nacional rechaza así el recurso de las asociaciones culturales, gastronómicas o recreativas titulares de las herriko tabernas a las que afecta el embargo, y respalda todas las medidas cautelares económicas dictadas por Garzón el pasado 15 de enero, dentro del sumario en el que se investiga la subordinación de Batasuna a ETA.
El auto de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera que el hecho de que los socios o accionistas de estas entidades no sean los imputados en el proceso no impide que el juez pueda adoptar el embargo de los bienes económicos si existen indicios de que ETA utiliza esos fondos para realizar actividades delictivas.
La continuación de la fase instructora, según la resolución judicial, hace necesario "velar legalmente" por la persona o entidad para evitar el control de fondos de las "herriko tabernas" por parte de la organización terrorista.
"La medida de administración judicial sobre las mercantiles intervenidas no tiene por objeto garantizar las posibles responsabilidades civiles de los procesados, sino evitar que los beneficios de las entidades administradas sean controlados o desviados hacía la organización terrorista", añade.
El pasado mes de abril Garzón concluyó el sumario abierto en 2002 para investigar la subordinación de Batasuna a ETA y la financiación de la banda a través de las "herriko tabernas" controladas por la ilegalizada formación.
En este sumario, el 35/02, se encuentran procesados 41 responsables de Batasuna y de ellos están en prisión Joseba Álvarez (detenido el pasado 2 de octubre), Joseba Permach, Rufino Etxebarría, Juan Cruz Aldasoro -detenidos dos días después que Álvarez en una reunión celebrada en la localidad guipuzcoana de Segura para renovar la Mesa Nacional de Batasuna- y Karmelo Landa, arrestado el pasado 11 de febrero.
En el auto del pasado mes de enero que ha confirmado hoy la Audiencia Nacional, Garzón también dio por extinguida la suspensión de actividades que decretó para Batasuna en 2002, y advirtió de que la ilegalización de la formación abertzale acordada en 2003 por el Tribunal Supremo, impedía a los procesados realizar cualquier tipo de actividad política.
