Las dos hermanas han prestado declaración desde las 9.30 horas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en un interrogatorio en el que ellas han reconocido haber recibido dos cartas de extorsión de ETA, que les llegaron entre 2003 y 2005, pero han asegurado que no pagaron nada a la organización terrorista y que se limitaron a romper las misivas, han confirmado fuentes jurídicas.
La fiscal de la causa, Dolores Delgado, ha solicitado la prisión incondicional para las dos ante el riesgo de fuga que existe y la posibilidad de que la labor de la justicia en esta investigación, que acaba de comenzar, pueda ser obstruida.
De acuerdo con el ministro de Interior, los pagos realizados a ETA figuran en la documentación intervenida a raíz del arresto el pasado 20 de mayo, en Burdeos (Francia), de Francisco Javier López Peña, "Thierry", considerado uno de los máximos dirigentes de la organización terrorista.
Además de haberse hallado la prueba de estos supuestos pagos en el material intervenido a "Thierry", ha habido contradicciones en las declaraciones de las dos hermanas, han señalado las mismas fuentes, que apuntan a su presunta implicación en los hechos de los que se las acusa.
Las empresarias arrestadas pertenecen al entorno de la izquierda abertzale, según fuentes policiales, y María Isabel estuvo ligada a Euskal Herritarrok en las elecciones municipales de 1999.
