Junto a Ramírez, también están procesados en esta causa, el comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas y el secretario general, Pedro Luis Mélida. Todos ellos están acusados de tres delitos de falsedad documental, falso testimonio y, en el caso de Santano, también por encubrimiento.

El juicio comenzó hoy después de que la Sección Decimoquinta decidiese desestimar la 'doctrina Botín' tal y como le solicitaron en la fase de cuestiones previas la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la defensa de los imputados. La 'doctrina Botín', defendida por los magistrados del Tribunal Supremo impide la celebración de un juicio a instancia exclusiva de la acción popular, como sucede en el 'caso ácido bórico' y como sucedió también en el caso del ex presidente de la Cámara vasca Juan María Atutxa.

Durante la primera sesión del proceso, Ramírez hizo hincapié en varias ocasiones en que el documento elaborado por sus subordinados "no se trataba de un informe pericial, sino de informe analítico" y por tanto no tenía caracter oficial". "Un informe no es oficial hasta que no sale del laboratorio", matizó en varias ocasiones a las preguntas de los abogados de la acusación, al tiempo que quiso dejar claro que los encargados de realizarlo "no son peritos, sino analistas".

Preguntado acerca de la diferencia entre una categoría y otra, el mando policial contestó que "un perito es aquel que ha sido designado por un juez y este no fue el caso". "El analista en sí no es nadie dentro del laboratorio, sólo es un analista, si no fuese así cada uno podría sacar los informes que quisieran, sería como darles una patente de corso", explicó.

En su relato de hechos, Ramírez recordó que el laboratorio recibió la solicitud para realizar un informe sobre unas muestras de ácido bórico halladas en el domicilio del procesado por el 11-M Hassan El Haski. El acusado se lo asignó a uno de sus subordinados Manuel Escribano "dado a sus conocimientos en farmacéutica".

"Al cabo de los días, Escribano dejó encima de mi mesa una propuesta de informe", continuó Ramírez, quien quiso destacar que tan sólo se trataba de una propuesta de carácter provisional ya que "sólo era una analítica, pero no es ni mucho menos definitiva". Ramírez concretamente ha sido procesado por un delito de falsedad documental --por lo que puede ser condenado a hasta seis años de prisión-- y otro de falso testimonio.

11-M Y ETA, "UNA RELACIÓN ABSURDA".

En el citado informe, Escribano introdujo en el capítulo de antecedentes otra muestra de ácido bórico hallada años antes en un piso franco de ETA que le sirvió para relacionar en las conclusiones finales del informe a los autores del 11-M con la banda terrorista. Así, Ramírez reiteró hoy de nuevo ante el juez que "esa relación científicamente no tenía ningún sentido" y fue más allá al desvelar que aquella muestra "tenía restos de pelos debido a que había sido utilizada para el higiene personal íntimo de una persona dado el carácter antiséptico de este componente".