El líder del PP, Mariano Rajoy, volvió a expresar ayer su ofrecimiento al jefe del Ejecutivo para alcanzar acuerdos de Estado sobre política antiterrorista, modelo territorial, la justicia, el modelo de protección social y la política exterior. En la lucha contra el terrorismo, afirmó que "escuchará" a José Luis Rodríguez Zapatero pero subrayó que cualquier acuerdo en esta materia pasa por no negociar con ETA y por el cumplimiento de la Ley de Partidos.

"Yo primero voy a escuchar lo que me dice el señor presidente del Gobierno. Lo que es evidente es que si hay un acuerdo, lo importante, porque es el eje básico de cualquier política antiterrorista, es que no se negocie políticamente con ETA y el segundo punto es cumplir la ley", declaró al ser preguntado si derogará la resolución del Congreso que abre la puerta al diálogo con la banda terrorista, como recoge el programa electoral del PP.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, al término de la primera votación del debate de investidura, Rajoy confió en que el Gabinete socialista haya reflexionado en este asunto después de lo que ocurrió en la pasada legislatura. "Espero que se haya producido una reflexión por quien tiene que hacer esa reflexión y espero que podamos tener un acuerdo en esta materia", dijo.

Negociación

El líder de los populares señaló que la "inmensa mayoría" de los españoles piensa que no se puede "negociar políticamente" con ETA y que se debe aplicar la ley en su "integridad". A su juicio, "no se trata de redactar grandes documentos", sino de generar "un clima de confianza" a los españoles y dejar esta materia fuera del debate político.

"Si el señor Rodríguez Zapatero me llama como ha dicho, le expondré cuáles son mis posiciones en política antiterrorista. Mi posición es conocida", indicó Rajoy, que añadió que llegar a un acuerdo en este asunto "no parece que sea muy difícil", dado que PSOE y PP ya suscribieron en 2000 el Acuerdo por las Libertades y Contra el Terrorismo.

Al ser preguntado si se debe sellar por escrito un nuevo Pacto Antiterrorista, Rajoy destacó que las formas "son accesorias" y que le importa más "el fondo", es decir, que quede claro que "no se va a negociar políticamente con ETA".

Asimismo, reiteró el ofrecimiento que el pasado martes hizo al presidente del Gobierno para alcanzar acuerdo de Estado en esta legislatura. "No sólo ofrezco, sino que pido que se pacte con el PP la política terrorista, el modelo territorial, el Pacto de Toledo, la política exterior y la Justicia", agregó.

Como ya hizo el pasado martes, Rajoy expresó su "preocupación" en el análisis que había hecho Zapatero en política económica, inmigración y agua. Sobre la primera, señaló que el jefe del Ejecutivo "ha equivocado el diagnóstico y las soluciones" y por eso avanzó que el PP presentará un paquete de medidas.

En inmigración criticó que Zapatero tenga "voluntad de mantener la misma política", algo que considera una "equivocación".

Sobre el agua, aseguró que hasta ahora el gabinete socialista sólo ha planteado "parches y medidas parciales" y le emplazó a lograr una "solución definitiva y entendible" para todos los territorios. Criticó que el PSOE derogara "unilateralmente" el PHN y le reprochó a Zapatero que no sepa qué política llevará a cabo esta legislatura para solucionar este problema.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio Alonso, afirmó ayer que espera quedar con su colega del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, a partir del martes o el miércoles de la semana que viene para "empezar a hablar" de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC).

Alonso adelantó, en declaraciones a la prensa tras participar en el debate de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy prevé hablar con Sáenz de Santamaría para, "si es posible", reunirse "a partir de la semana que viene, martes o miércoles para empezar a hablar".

El ex ministro de Defensa señaló que los socialistas aprecian "cierta receptividad" en el discurso del presidente del PP, Mariano Rajoy, para alcanzar acuerdos en "cuestiones que afectan a la estructura del Estado y a los derechos e intereses básicos de los españoles" y confió en que "los hechos confirmen esa primera impresión".