El fiscal Juan Moral elevó a definitiva su petición de 20 años para Vicario Setién por un delito de atentado en grado de tentativa durante el juicio por los hechos mencionados, que quedó visto para sentencia.

Durante la exposición de su informe de conclusiones definitivas, el representante del Ministerio Público señaló que considera acreditado que el 11 de junio de 1993 otros etarras ya condenados que integraban un comando denominado "roba coches", sustrajeron un vehículo en San Sebastián y lo trasladaron a una lonja en el barrio de Iturrioz, de la localidad guipuzcoana de Oyarzun. Dos meses más tarde, un miembro de ETA conocido como "Gorosti" llamó desde Francia a los condenados y les dio instrucciones de llevar a la Ciudad Condal un coche cargado de explosivos.

Los terroristas cambiaron entonces la matrícula del vehículo por otra falsa. Tras ello, introdujeron en el coche dos ollas que contenían 40 kilos de amosal, 8 kilos de amerital, 6 metros de cordón detonante, 40 kilos de tornillería, 3 detonadores eléctricos y un temporizador. A continuación, emprendieron el viaje a Barcelona con dos coches, aparcando el de los explosivos en el punto indicado por "Gorosti".

INTENTOS FALLIDOS.

Según la Fiscalía, Vicario Setién recogió el coche con explosivos y preparó un artefacto para hacerlo explotar al paso de una patrulla de la Policía por la calle Vila Villa en su confluencia con José Carner, donde se encuentra el edificio de correos. Los etarras aparcaron el día 14 de ese mes el vehículo en este lugar. El acusado entregó el mando a uno de sus compañeros para que lo accionase al paso del vehículo, mientras que él vigilaba la zona. Finalmente, el otro etarra no accionó la bomba porque "estaba nervioso".

Los terroristas volvieron al día siguiente, pero antes de realizar la acción vieron un vehículo de la Policía y abandonaron la zona, dejando el coche cargado de explosivos. Las Fuerzas de Seguridad lo desactivaron tras un aviso de su colocación a los diarios ´Egin´ y ´La Vanguardia´.

La Audiencia Nacional absolvió recientemente a Vicario Setién del secuestro durante 341 días del empresario José María Aldaya el 8 de mayo de 1995 por falta de pruebas. La Fiscalía interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia absolutoria, al entender que el tribunal debió valorar un informe de ADN que constaba en la causa para condenarle.