El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se incorporó al debate tras la intervención del titular de Justicia, y siguió su desarrollo hasta el final. Se trata del primer proyecto de ley que defiende Bermejo ante la Cámara.
La ley pasará ahora a Comisión para la presentación de enmiendas parciales de los grupos que conforman la Cámara. De hecho el ministro, que calificó la reforma como "un compromiso inaplazable", reconoció que el proyecto deberá ser "pulido y enriquecido" en la sede parlamentaria.
El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de diciembre y pretende limitar el mandato del fiscal general del Estado a cuatro años y reforzar la autonomía de la institución. Apuesta, además, por la especialización de los fiscales en respuesta a la aparición de nuevas formas de criminalidad organizada.
"UNIDAD DE ACTUACIÓN"
Bermejo destacó en su presentación que el Ejecutivo entiende que sólo con la aplicación de esta reforma se conseguirá "reforzar la independencia" de la figura del fiscal general y defendió la necesidad de "unidad de actuación" en materia de Justicia.
Como respaldo al objetivo de la independencia, la norma preveé la introducción de novedades como la modificación del régimen de su nombramiento y cese o la introducción de una comparecencia previa ante una comisión del Congreso.
El ministro enumeró las principales novedades introducidas y citó la introducción de la necesaria intervención de la Junta de Fiscales de Sala cuando el fiscal general vaya a impartir instrucciones a sus subordinados en cualquier asunto que afecte a miembros del Gobierno y la modificación del régimen de abstención de éste, que ahora resolverá la Junta de Fiscales de Sala.
Puso de manifiesto que la normativa incluye una asignación presupuestaria singularizada para el fiscal general, lo que reforzará también su autonomía.
El Proyecto de Ley incluye además, medidas destinadas a alcanzar una mayor especialización de los fiscales, confiere más relevancia al Teniente Fiscal del Tribunal Supremo e introduce una reorganización territorial, mediante la creación del fiscal superior de la Comunidad Autónoma, que viene a sustituir a los actuales fiscales jefes de los Tribunales Superiores de Justicia.
ENMIENDA DEL PP
El secretario ejecutivo de Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa --encargado de defender la enmienda ante el Pleno-- acusó al Gobierno de elaborar una ley "a la medida del actual fiscal general del Estado", Cándido Conde-Pumpido, que, añadió, "ha burlado la ley a todos los niveles".
Así, criticó la actuación de Conde-Pumpido e indicó que el fiscal para el que se hace esta reforma es "el más desautorizado por los jueces de la historia" y "no merece éste homenaje".
Astarloa calificó el texto de "pura propaganda" y aseguró que la modificación "ni es de fondo ni cumple lo previsto". En opinión de Astarloa, el proyecto refuerza "la vinculación política del fiscal general con el Gobierno que lo nombra, convirtiendo el principio de jerarquía en auténtico caudillaje". "Otro Gobierno tendrá que hacer la reforma", apostilló.
Destacó que esta propuesta se presenta en un momento en que la tensión entre el Ejecutivo y la oposición en materia judicial se encuentra en su punto más álgido y sacó a colación las recientes decisiones jurídicas relativas al preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos y al representante de Batasuna Arnaldo Otegi.
