En esta primera y única reunión de ponencia, el PP ya ha adelantado que no apoyará la reforma alegando que con ella el PSOE pretende "arreglar sus cuentas" y hacer "caja" con vistas a una posible derrota electoral y "abrir la puerta" a que formaciones del entorno de Batasuna reciban fondos públicos. Los ´populares´ excluyen de la controversia a las fundaciones de los partidos y han pedido un informe jurídico para demostrar que no están aludidas por esta reforma, pero el resto de los partidos creen que ahí radica el principal escollo para la unanimidad y dan por hecho que todas las fundaciones vinculadas a los partidos se verán afectadas.

La vigente Ley de Financiación data de 1987, es la más antigua de Europa en esta materia y su actualización venía siendo reclamada por el Tribunal de Cuentas desde hace años. El 20 de noviembre de 2005 el Pleno del Congreso dio un paso hacia su reforma al tomar en consideración la propuesta de ERC por unanimidad, pero la iniciativa no llegó a avanzar. Tras sucesivas prórrogas, las enmiendas de los grupos se registraron el pasado mes de junio pero no ha sido hasta hoy cuando ha arrancado formalmente la discusión del articulado.

En las últimas semanas, los grupos parlamentarios han mantenido contactos para intentar llegar a la ponencia con un texto lo más consensuado posible. Tras ese intercambio de propuestas, a principios de mes el PSOE trasladó al resto de grupos un último borrador que ha sido sobre el que hoy han empezado los trabajos en ponencia.

100.000 EUROS, TOPE ANUAL DE DONACIONES PRIVADAS.

Eso sí, se han incorporado siete cambios puntuales, entre ellos fijar definitivamente en 100.000 euros la cantidad anual que una misma persona física o jurídica puede donar a un partido político. Esta cifra ha ido subiendo progresivamente a lo largo de las negociaciones pues en la iniciativa original de ERC estaba situada en 30.000 euros.

También se ha fijado la cuantía de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado que se repartirán los partidos políticos en 2008: 78,10 millones para gastos de funcionamiento y 4,01 millones para sufragar gastos de seguridad, unas cifras que, según el PP, suponen un incremento del 20 por ciento con relación a las del presente ejercicio.

A partir de ahora, los partidos tendrán un nuevo plazo de enmiendas hasta el 13 de abril para proponer modificaciones al texto surgido de la ponencia y a la semana siguiente, en torno al día 18 de abril, la Comisión Constitucional debatirá y discutirá la reforma, que ya quedará sólo pendiente del Pleno del Congreso.

El PP, a través de sus ponentes Vicente Martínez Pujalte y Jaime Ignacio del Burgo, ya anunció hoy su rechazo a la reforma y acusaron al PSOE de falta de voluntad de acuerdo y de aprobar sin el primer partido de la oposición leyes que afectan al núcleo del funcionamiento democrático.

Según el socialista Francisco Fernández Marugán, el PP no tiene voluntad de acuerdo en esta reforma porque confunden la conveniencia del consenso con el ejercicio del veto. "Ha quedado fuera quien ha querido", zanjó, mostrando la determinación del PSOE de aprobar de una vez esta reforma, con o sin el PP.

SUBVENCIONES ENCUBIERTAS DE BANCOS.

Según el PP, uno de los principales problemas es el tratamiento de las renegociaciones de créditos de los partidos con los bancos, pues interpreta que la condonación de intereses es una subvención encubierta de la entidad financiera y por tanto, debería aplicarse el límite de los 100.000 euros. El PSOE, por contra, mantiene la autorización a los partidos para poder renegociar su deuda con el único límite de "los usos y costumbres del tráfico mercantil", pero sin cuantía máxima alguna.

El PP achaca esta regulación a que "a lo mejor" el PSOE teme que vaya a perder las próximas elecciones y se prepara para "arreglar su caja". A ello añaden la reforma de la ley de devolución de patrimonio incautado en la Guerra Civil, también en tramitación en el Congreso, y concluyen que se rebajan los requisitos para acceder a esas devoluciones y permitir que los partidos obtengan más fondos. "Un atraco", proclamó Del Burgo.

El segundo motivo de discrepancia anunciado por los ´populares´ se refiere a su temor de que partidos del entorno de Batasuna puedan recibir financiación pública. El PP tiene presentadas enmiendas para prohibir que se entreguen subvenciones públicas, sean estatales o autonómicas, a formaciones que incurran en conductas sancionadas en la Ley de Partidos o que incluyan en sus órganos directivos a condenados por terrorismo. En su punto de mira, según admitió Del Burgo, está el PCTV, que no está ilegalizada.

El PSOE, en cambio, cree que la previsión legal de 2003 se aplicó con Batasuna, que ya es ilegal y no recibe dinero de ningún tipo, por lo que sólo incluyen un apartado donde se permite suspender la la entrega de subvenciones siempre que sea por decisión judicial, a propuesta del Ministerio del Interior y cuando se haya "iniciado el procedimiento de ilegalización" del partido aludido.

PP: "A LO MEJOR HAY COMPROMISO CON BATASUNA".

Según Pujalte, el PSOE quiere aprobar la reforma porque "a lo mejor" tiene un compromiso con Batasuna, a lo que Del Burgo añadió que la posibilidad de que formaciones próximas a Batasuna reciban subvenciones es un "escándalo".

El socialista Francisco Fernández Marugán, en cambio, considera que mezclar la política antiterrorista con esta reforma puede ser "una simplicidad, una astracanada o una obscenidad". "No es bueno creerse las propias alucinaciones --comentó--. Lo que vaya a ser de ese mundo (Batasuna) no depende de esta ley".

A su juicio, al PP le gusta más defender sus posiciones en la calle en lugar de hacerlo en la Cámara, y se está situando en una posición próxima al "odio a la democracia y el rencor a los partidos políticos".

LAS FUNDACIONES.

Desde el PSOE y las minorías se considera que los principales recelos del PP están en las fundaciones vinculadas a los partidos. Pujalte dijo que es "radicalmente mentira", un "bote de humo" que lanza el PSOE para "abrir la puerta" a Batasuna y sacar más dinero. Además, los ´populares´ presumen de que la FAES de José María Aznar es la única que difunde en Internet sus cuentas auditadas, y aseguran que, con la actual redacción, sólo se afecta a las fundaciones que dependen orgánicamente de un partido, lo que dejaría fuera a casi todas.

Ante las dudas, la Ponencia encargó un informe jurídico la Cámara para determinar qué tipo de fundaciones políticas se ven afectadas por la reforma pero desde el PSOE ya anuncian que, si es preciso, se modificará alguna redacción para garantizar que la nueva ley alcanza a todas las fundaciones vinculadas a los partidos.

En este apartado, el PSOE ha ido relajando los requisitos de control de estas entidades y permitir que reciban más dinero y de más donantes. Así, propone el límite de las aportaciones que una persona física o jurídica pueda hacer a las fundaciones se fija en 120.000 euros anuales, más que los partidos, y además, se permite que las empresas que contratan con la Administración puedan dar dinero a una fundación política, cosa que se les impide hacer con un partido.