El líder del PP, Mariano Rajoy, acusó ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de haber influido directamente en el Ministerio Fiscal para conseguir la absolución del líder de Batasuna, Arnaldo Otegi: "No ha dejado a los jueces que se juzgue a Otegi". Una acusación a la que respondió la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que reiteró que desde el Ejecutivo "ni ahora, ni antes, ni nunca" se dan instrucciones a la Fiscalía General y denunció que Rajoy "se está permanentemente saltando todos los límites" del juego democrático.
"Lo de Otegi no es más que el penúltimo escándalo de un presidente del Gobierno que va hacia ninguna parte; es un trato de privilegio a una persona que incumple la Ley, que liquida el Estado de Derecho; en román paladino, significa que Zapatero no ha dejado a los jueces que se juzgue a Otegi", remachó Rajoy durante su discurso de clausura de la Interparlamentaria del PP, celebrada en Valladolid. Por ello, advirtió que los populares no se van "a callar" y continuarán preguntando al Gobierno por este asunto en el Congreso "si no no cumpliría como líder de la oposición".
Según Rajoy, "nadie le ha dado a Zapatero ni un sólo voto para que haga esto" porque "va contra su propio programa electoral" en el que se comprometió a cumplir el Pacto de Estado por la Libertad y contra el Terrorismo. "Zapatero ha engañado a los ciudadanos. Está jugando al límite, está provocando la división y pretende radicalizar a los españoles y, además, pretende que nos callemos", denunció el líder del PP, que aseguró que el presidente está forzando al PSOE "a límites insospechados".
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quiso dejar claro que aunque el Ejecutivo "dirige la política criminal" en "ningún caso" se ha dado "ninguna orden y ninguna instrucción a la Fiscalía o al fiscal". "En democracia es así", manifestó De la Vega, que añadió que "las reglas de funcionamiento" de la Administración de Justicia y del Poder Judicial están "claramente establecidas en la Constitución española y en la ley".
