El PP se quedó ayer solo en sus críticas por la decisión del fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos de retirar la acusación contra el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, resolución que tanto el Gobierno como el resto de grupos del Congreso consideraron "acertada y ajustada a Derecho".

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmó que "las razones técnico-jurídicas de la Fiscalía para tomar la decisión habrán sido poderosas", y sostuvo que "lo que daña la imagen de la Justicia son determinadas lecturas interesadas de algo que es normalidad pura y dura". El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, deploró también las críticas al PP, al que acusó de "pretender derribar al Gobierno debilitando al Estado".

Por el contrario, para el secretario general del PP, Ángel Acebes, la absolución de Otegi es una decisión "tan grave o peor" que la "excarcelación" de De Juana Chaos, y subrayó que "no se puede estar intentando comprar un comunicado de ETA dando la impunidad" al preso etarra y al líder de Batasuna. Acebes destacó el contraste entre "dos formas de entender la política antiterrorista": la de los jueces y la Guardia Civil con "toda firmeza" deteniendo a Otegi y la de la "debilidad" y "cesión ante ETA" en la que se ve al fiscal general del Estado. "No se puede comprar un comunicado de ETA con la impunidad de De Juana y Otegi", sentenció.

Desde el PSOE, su portavoz parlamentario, Diego López Garrido, señaló que la decisión del fiscal es "estrictamente jurídica", adoptada de forma "autónoma e imparcial", y sostuvo que entra dentro de la "lógica" ya que, por el mismo caso fueron absueltas otras dos personas encausadas junto a Otegi. López Garrido deploró las "palabras gruesas y siempre extremistas del PP" sobre esta decisión, que constituyen -dijo- una "falta de respeto a las instituciones y al Estado de derecho".

Los grupos parlamentarios coincidieron al expresar el respeto a la decisión del fiscal; así, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, negó que el Gobierno esté haciendo "concesiones" a ETA y su entorno, y vaticinó que al final se demostrará que algunas de las cosas que se han dicho "alarmando a la ciudadanía" no son ciertas.

El portavoz parlamentario del PNV, Josu Erkoreka, afirmó que "lo hecho, bien hecho está". La misma postura expresó el presidente de su partido, Josu Jon Imaz, quien coincidió en que se trata de una decisión jurídica "sustentada". También consideró "ajustada a Derecho" la decisión el líder de IU, Gaspar Llamazares, quien además lamentó el "rocambolesco" episodio de su traslado a Madrid y acusó al PP de respetar únicamente "aquellas sentencias que coinciden con su visión y su lógica de excepción". El portavoz de ERC en el Congreso, Agustí Cerdá, se sumó al respeto a la absolución, que calificó como "acertada" y que puede contribuir a "distender" la situación eliminando "un elemento más de crispación".

Desde el País Vasco, la presidenta de Eusko Alkartasuna, Begoña Errazti, dijo que con la decisión de la Fiscalía "el Gobierno da pasos lógicos para un proceso de pacificación y normalización" política.