Tres organizaciones han confirmado el inicio de acciones legales, o al menos la intención, contra miembros del ministerio público por la retirada de cargos contra Otegi en el juicio por supuesto enaltecimiento del terrorismo en un homenaje a la etarra Olaia Castresana, que ha supuesto su automática absolución por la Audiencia Nacional. La Asociación de Víctimas del Terrorismo se plantea denunciar al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y al fiscal que representó al ministerio público en la vista celebrada ayer, Fernando Burgos.

Otra asociación que estudia presentar una querella es el Foro de Ermua. Su presidente, Mikel Buesa, informó de que el Foro se plantea denunciar por prevaricación a Burgos y Conde-Pumpido "por un posible delito de omisión de persecución del delito".

La tercera agrupación en discordia es el Centro Jurídico Tomas Moro, único que ha llevado a la práctica ya sus intenciones al presentar una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado y el fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos.

Por su parte, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, señaló ayer que es este órgano el que debe explicar "por qué lo que hace cuatro años consideraba como delito" no lo es ahora. López también apoyó la decisión de la Audiencia de mantener la celebración del juicio el miércoles, puesto que fue una actuación "absolutamente independiente, con plena profesionalidad y exquisita corrección". Defendió la "plena corrección" de la decisión de dejar libre a Otegi tomada por los jueces de la Audiencia Nacional, tras la retirada de la acusación de la Fiscalía.