El contrato, que fue mostrado ante la sala, aparece firmado con el nombre de Youssef Ben Salah, uno de los apelativos falsos utilizados por "El Chino". El testigo --imputado y finalmente no procesado en la causa-- reconoció al suicida en varias fotografías e identificó también al terrorista islamista en una copia de su pasaporte que presentaba también el nombre falso.
El testigo indicó que actuaba como intermediario de la señora Nayat Fadal, propietaria de la finca junto a su marido, que en ese momento se encontraba en la cárcel. "Como ella es una mujer y no confía en nadie me lo encargó a mí", explicó, y añadió que, además, "Serhane El Tunecino" le indicó que prefería "no hablar con una mujer".
"El Tunecino" y "El Chino" acordaron con el testigo una reducción en el pago mensual de la casa, dijo Altarakji. A cambio negociaron pagar un año completo de alquiler y se ofrecieron a realizar arreglos en la vivienda.
Además de este alquiler, el testigo participó también como intermediario en un anterior arrendamiento de la finca, en esta ocasión en el año 2002. En aquella ocasión el representante del arrendatario fue también "Serhane El Tunecino" y la casa se alquiló a una personas que "venía de Africa", a quien el testigo nunca llegó a ver. Esta persona era, según el sumario de instrucción, Mustapha Maimouni, preso en Marruecos por su relación con los atentados de Casablanca.
El testigo reconoció conocer al líder de la célula islamista desarticulada en España en 2001, Eddin Barakat Yarkas, Abú Dahdah al que veía en la mezquita.
El hermano del propietario de la finca, Mohamed Badr Ddin Alakkad, que prestó testimonio a continuación, confirmó lo declarado por Altarakji y reconoció también a "El Chino" como la persona que alquiló el terreno. Dijo que el arrendatario acudió a la firma del contrato en un vehículo Volkswagen Golf oscuro y precisó que el pasaporte que mostró era belga.
SINDHU ENTERPRISE
Por su parte, los propietarios de la empresa Sindhu Enterprise S.L, testigos protegidos, indicaron hoy ante el tribunal del 11-M que el 20 de febrero de 2004 vendieron un total de 100 tarjetas telefónicas al locutorio Nuevo Siglo, del que era socio el acusado por la autoría material de los atentados Jamal Zougam.
La empresa contaba con varios suministradores y recibió de uno de ellos, Uritel 2.000, 30 tarjetas el 4 de febrero, explicó el matrimonio propietario del negocio. Este lote junto a otro de 70 tarjetas procedente de otra compañía fueron adquiridos por Zougam y sus socios, confirmaron ambos. Precisaron además que los propietarios del locutorio eran clientes habituales.
La mujer relató, además que el día 12 de marzo acudieron a su negocio dos personas que no se identificaron como policías. Presentaron una lista con emais de tarjetas y le dijeron a la testigo que una de ellas había salido "mal". Ante su insistencia de que había algún problemas con las tarjeta el marido de la declarante les confirmó que los números que figuraban en la lista habían sido vendidos por Shindu. Agentes que acudieron al día siguiente les confirmaron que eran miembros de la Fuerzas de Seguridad.
"Me pidieron la factura que enseñé a los dos señores", concretó el marido de la testigo a preguntas de las acusaciones.
