La Audiencia Provincial de Almería celebró ayer la primera sesión de la vista oral del juicio contra los nueve agentes de la Guardia Civil imputados por la muerte del agricultor Juan Martínez Galdeano, cuando se encontraba en las dependencias del cuartel de Roquetas de Mar (Almería), en julio de 2005. El principal imputado, el teniente José Manuel Rivas -para quien el fiscal pide 10 años por delitos de atentado contra la integridad moral, lesiones y homicidio imprudente- reconoció durante la vista que sí utilizó porras eléctricas y un bastón extensible, armas ilegales en España, con las que supuestamente golpeó al fallecido. Para los demás imputados en el caso, el fiscal ha solicitado penas de hasta siete años de prisión.

El teniente Rivas fue el primero en declarar y dijo que no recordaba haber llevado dos armas eléctricas no reglamentarias y haber ordenado la detención del fallecido. Sin embargo, después de que la jueza admitiera como prueba esas armas, el teniente reconoció que sí las portaba, pero que no estaban cargadas con electricidad. Rivas declaró también que Galdeano había consumido drogas cuando se personó en el cuartel para denunciar un accidente de coche y reiteró que no hubo forcejeos sino sólo resistencia.

Los demás guardias civiles imputados estuvieron en el banquillo, aunque no se les pudo grabar sus rostros. La acusación popular dice que la clave está en las imágenes grabadas en el cuartel de Roquetas. Un vídeo que en un principio fue negado y no se quiso suministrar. En el citado DVD -que recoge la transcripción de las dos cámaras del patio- el agricultor fallecido aparece a la llegada con una camisa machada de sangre, sin pantalones y forcejeando con una pareja de agentes del instituto armado. Una hora más tarde, imágenes de una segunda cámara graban otro forcejeo a la salida tras el cual Juan Martínez se desploma y es atendido, hasta 25 minutos después, por una ambulancia.

Sin atestado

Durante la comparecencia del teniente Rivas, hubo además varias sorpresas, como por ejemplo: se supo que no existe atestado oficial del incidente en el cuartel o, según la acusación, no rebatida por el imputado, se echó del lugar a una abogada de oficio que se encontraba en el cuartel haciendo uno trámites. Además, Rivas se negó a contestar a las acusaciones que representan a la familia del fallecido y a la asociación pro derechos humanos.

El ministerio fiscal pidió en su escrito de conclusiones provisionales una pena de diez años de prisión para el principal imputado en su condición de jefe de puesto, el teniente Rivas por los delitos de atentado grave contra la integridad moral, lesiones y homicidio imprudente contra la persona de Juan Martínez Galdeano.