Por ahora, después de casi cuatro meses de que se hiciera pública la denominada "operación Voramar", la infracción urbanística más relevante denunciada ante el juez es la transformación de modestas casetas de aperos, situadas en zonas protegidas, en viviendas.

El propio ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, actualmente en prisión junto al celador municipal Jaime Gibert, es investigado, entre otros supuestos delitos, por haberse construido un chalé en los terrenos que ocupaba una caseta agrícola.

El proyecto lo firmó Gabriel Cañellas Rotger, hijo del ex presidente del Govern, ingeniero agrónomo, quien explicó al juez que lo que él diseñó "no tiene nada que ver" con el resultado final, es decir, una lujosa vivienda, según el contenido de su declaración a la que tuvo acceso EFE.

También, a preguntas del fiscal Anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, el ex director de Ordenación del Territorio del Govern, Jaime Massot, destituido inmediatamente después de la detención de Hidalgo y Gibert, dijo que no había prestado atención a la parcela de la vivienda de Hidalgo, pese a que la veía desde su antiguo despacho en Andratx.

Massot había informado favorablemente al proyecto firmado por el ingeniero Cañellas Rotger, según recoge la declaración que el primero prestó en calidad de imputado.

Asimismo, varios testigos han admitido ante el juez instructor de la causa, Álvaro Latorre, que vendieron casas de aperos por módicas cantidades situadas en zonas protegidas, en las que no se puede construir, y que se han llevado una sorpresa "mayúscula" al verlas transformadas en chalés con el paso de los años.

En ese mismo sentido se han expresado inspectores del Govern y del Consell de Mallorca, que han ratificado ante el juez las numerosas irregularidades detectadas por ellos, sin que las autoridades competentes hicieran nada por impedirlas.

Ante esa situación, el fiscal Carrau ha recordado que el Código Penal establece la demolición de las viviendas levantadas en suelo protegido, y que él es partidario de aplicar la legislación vigente, aún a costa de afrontar el pago de elevadas indemnizaciones a los propietarios que han adquirido esos inmuebles ilegales sin saberlo.

Por ahora, se conocen dos sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares que ordenan el derribo en Andratx de viviendas que están trasgrediendo la ley, aunque ninguno de esos inmuebles está vinculado a la "operación Voramar".

El "caso Andratx" continuará en los próximos días con más declaraciones de imputados y testigos de las 56 piezas separadas del sumario principal, de acuerdo a la decisión adoptada por el juez Latorre.

Hidalgo y Gibert, mientras, deben permanecer en la cárcel de Palma hasta el 31 de marzo, salvo que el fiscal informe favorablemente al juez para que reduzca ese plazo impuesto por la Sección Segunda de la Audiencia de Palma.

Los dos principales imputados en la causa están acusados por el fiscal de siete supuestos delitos: cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita, contra la ordenación del territorio, apropiación indebida, prevaricación y falsedad documental.