El Gobierno, en su reunión semanal del Consejo de Ministros, remitió ayer a las Cortes Generales dos proyectos de ley que servirán, según el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para sentar "las bases de la Guardia Civil del siglo XXI". Estas iniciativas reformarán el Régimen Disciplinario de la Benemérita, aunque conservando la naturaleza militar del Cuerpo, y regularán los derechos y deberes de los agentes, que antes de dos años podrán ser representados por sus asociaciones en el Consejo de la Guardia Civil. El compromiso del Ejecutivo del PSOE es que estos dos proyectos de ley sean aprobados antes del fin de la legislatura.
Rubalcaba fue el encargado de presentar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el proyecto de Ley que crea un Estatuto de Derechos y Deberes para los guardias, en el que se recoge el derecho de asociación, y el que reforma el Régimen Disciplinario, que, entre otras cosas, suprime el arresto como forma de sanción a los agentes.
El ministro destacó que ambos proyectos "sientan las bases de la Guardia Civil del siglo XXI" y muestran la confianza que el Gobierno tiene en la Benemérita como garante de los derechos de los ciudadanos.
Novedad
Una de las principales novedades de estos proyectos es la creación de un Consejo de la Guardia Civil, donde las asociaciaciones representarán a los agentes y que debe echar a andar antes de dos años. De este modo, las asociaciones de la Benemérita compartirán "algunos rasgos", según Interior, con las de otros colectivos, como los jueces y fiscales. Sus representantes deberán estar en activo y no podrán encubrir actividades que les estarán "expresamente vedadas".
Así, actividades de naturaleza sindical, como la negociación colectiva, la huelga o la adopción de medidas de conflicto colectivo, así como las libertades de desplazamiento o el ejercicio de la libertad de expresión les estarán vedadas. Esto se debe a que tras las reformas seguirá teniendo naturaleza militar, a diferencia del Cuerpo Nacional de Policía, cuyo Consejo está integrado por sindicatos, capacitados para declarar a la Administración un conflicto colectivo.
En el nuevo Régimen Disciplinario, que ya pasó en enero por el Consejo de Ministros y regresó ayer tras incluirse "algunas consideraciones" emitidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consagra la potestad del Ministerio del Interior para aplicar sanciones a los guardias. Así, los agentes quedarán absolutamente desvinculados de Defensa y del Código Penal Militar, con lo que ya no se les podrá sanciones en base al mismo, siempre que realicen funciones policiales.
En caso de que los agentes se integren en unidades militares, se haya declarado el estado de excepción o realicen misiones internacionales en escenarios de conflicto, sí podrán ser sancionados en base al Código Penal Militar. Además, el nuevo Régimen Disciplinario tipifica otras conductas que pueden ser sancionadas y que se adaptan a los nuevos tiempos, como el acoso laboral o el sexual. Ambos proyectos han contado con la colaboración de Defensa, Administraciones Públicas, Presidencia y Economía.
