La aprobación definitiva de la Ley de Igualdad supone el final de un proceso que comenzó hace poco más de un año con la presentación del anteproyecto, que desde un principio contó con la oposición de la patronal y el apoyo de los sindicatos y, en líneas generales, de todos los grupos salvo el PP.
La CEOE se mostró contraria a las medidas que obligaban a las empresas de más de 250 trabajadores a establecer planes de igualdad dentro de la negociación colectiva así como a la paridad en los consejos de administración de las grandes compañías. El mismo día 3 de marzo de 2006, cuando el Consejo de Ministros anunció el anteproyecto, la patronal calificó de "rejón de muerte al diálogo social" el procedimiento para sacar adelante el proyecto tras la "decisión unilateral" del Gobierno de llegar a un acuerdo con los sindicatos, aseguró. La patronal arremetió entonces contra la obligatoriedad de establecer planes de igualdad en la negociación colectiva y consideró que la ley conlleva dificultades organizativas y de gestión derivadas de un régimen de permisos y excedencias adicionales a los existentes.
El Gobierno aprobó el proyecto de ley el 23 de junio de 2006 en el que, a petición del Consejo de Estado, se aumentaba de cuatro a ocho años el plazo de las grandes empresas para llegar al 40 por ciento de mujeres en sus consejos de administración.
