Méndez, que compareció en rueda de prensa, recordó que la sentencia todavía "no es firme" y que no comparte "en absoluto su contenido", si bien expresó su "máximo respeto a las decisiones judiciales" e indicó que sus "convicciones democráticas" le llevan a presentar su dimisión irrevocable.

El delegado quiso dejar "bien claro" que la sentencia será recurrida por los afectados, afirmó de forma tajante que "no hubo instrucciones políticas" y dijo que dimite por "responsabilidad y en defensa de la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

Constantino Méndez reiteró su "confianza en la totalidad de los funcionarios que componen el Cuerpo Nacional de Policía, en su profesionalidad y en su buen hacer", que se demuestra, dijo, "día a día en las diversas labores que desarrollan en beneficio de los ciudadanos".

"Es evidente, salvo para los que desconocen el funcionamiento de nuestras instituciones, que nadie en el nivel político puede ordenar una detención, ni influir en una instrucción policial", señaló antes de añadir que "cualquiera que afirme lo contrario no sólo mentiría sino que calumniaría".

En este sentido, hizo hincapié en que "ha quedado patente" que "en ningún caso ha existido" orden ajena a la dinámica propia de actuación del Cuerpo Nacional de Policía "ni injerencia externa en toda la actuación de los agentes".

"Tal y como confirma la sentencia -agregó Méndez- nadie, en el ámbito del Ministerio del Interior o de la Delegación del Gobierno en Madrid, ordenó a la policía encargada de la investigación y el esclarecimiento de los hechos, que se actuara de forma predeterminada contra persona alguna".

Insistió en que, ante unos hechos como los que ocurrieron en esa manifestación, es una "obligación de la policía" averiguar los delitos públicos, practicar diligencias necesarias para comprobarlos, identificar a los autores, recoger pruebas y ponerlas a disposición de la autoridad judicial.

Constantino Méndez insistió en que si la policía no hubiera abierto diligencias previas sobre los incidentes "ilícitos" no habría cumplido con sus obligaciones.

La dimisión de Méndez había sido solicitada horas antes por el secretario general del PP, Angel Acebes, quien consideró al delegado del Gobierno, junto al ministro José Antonio Alonso, como "responsables políticos" de la detención ilegal de los dos militantes del PP en la manifestación de víctimas del terrorismo de enero 2005.