El PP solicitó ayer la dimisión del ministro de Interior, José Antonio Alonso, por su actuación ante la muerte de un ciudadano en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas del Mar (Almería). Y lo hizo a través de su portavoz de Justicia, Ignacio Astarloa, que ayer asumió la portavocía también en la comisión de Interior y, entre otras cosas, culpó a Alonso de haber dejado al director general de la Benemérita, Carlos Gómez Arruche, "a los pies de los caballos".

Ante la exposición del ministro, Astarloa dijo que si ya pidió su dimisión por las detenciones de dos militantes del PP de Madrid en una manifestación de la AVT, ayer demandaba "dimisión al cuadrado" por hacer gala de un estilo que, en su opinión, consiste en "echar las culpas a los demás".

En este contexto, recalcó que el titular de Interior había utilizado la comparecencia para desvelar que se enteró de lo sucedido en Roquetas el día 26 de julio por el delegado del Gobierno en Andalucía -y no por el máximo responsable de la Guardia Civil-, para resaltar que las declaraciones públicas de Gómez Arruche habían sido equivocadas y para indicar que tardó ocho días en tomar medidas cautelares, aunque se le había urgido a ello.

Por su parte, la portavoz de Izquierda Verde (IU-ICV), Carme García, señaló que no se ha dado la ayuda necesaria a la familia de Galdeano, que acudió al cuartel de la Benemérita a buscar ayuda y encontró "tozudez, incompetencia, falta de valores y criterios". Admitió que no comparte el criterio del ministro y que, al final de la investigación, explicarán que el director general tiene "responsabilidades, y graves" y pidió una investigación independiente que analice, entre otras cosas, el nivel de formación en la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En lo que concierne al portavoz de ERC en la comisión, Agustí Cerdà, aplaudió la actuación que ha tenido Interior y aclaró que no van a pedir la dimisión de Arruche, pese a que ERC no le gustó ni sus primeras declaraciones ni sus "silencios" posteriores. "Hay que hacer ya política preventiva ya. Que llegue un mensaje claro a las manzanas podridas que pueda haber en la Guardia Civil", añadió.

Emilio Olabarria, del PNV, cree que "hay muchos asuntos turbios" en este suceso, y citó por ejemplo el uso de armas no reglamentarias y la continuidad en su puesto del teniente pese a contar con tres denuncias previas en su contra.

La portavoz del Grupo Mixto y diputada de EA, Begoña Lasagabaster, coincidió en que los posibles abusos tienen un carácter estructural, "aunque no sean práctica habitual", y sacó a colación que organismos internacionales ya han avisado de casos de tortura en España.

Por parte de CiU, Josep María Guinart detalló una serie de interrogantes en torno a estos sucesos, como la tenencia de armas no reglamentarias por parte del teniente y los protocolos del uso de la fuerza. Lamentó el "aspecto desmoralizador" que tiene para la Guardia Civil.

Por parte de Coalición Canaria (CC), Luis Mardones dio crédito a las explicaciones de Alonso y dijo suscribir las líneas de actuación anunciadas y su criterio de "tolerancia cero" hacia los malos tratos.