Efe / ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

La titular del juzgado de Roquetas, Estefanía López, ha decretado libertad provisional para los 9 agentes imputados por la muerte de Juan Martínez Galdeano en el cuartel de esa localidad. La fiscalía solicitó prisión preventiva para el teniente del cuartel y otros de los imputados, por la utilización de medios agresivos y violentos por una posible extralimitación en el ejercicio de sus funciones y por entender que pudo existir un delito de "trato degradante realizado por autoridad o funcionario público".

En el auto judicial, la jueza entiende que "en el momento actual de la investigación y a la espera de los resultados forenses definitivos sobre las concausas de la muerte de Martínez Galdeano, no puede afirmarse contundentemente la relación causal entre la actuación de los imputados y el fallecimiento del detenido".

El auto, en el que la jueza se refiere sólo al teniente y al guardia para quienes el fiscal pedía prisión provisional -la defensa sólo pedía esa medida para el teniente-, agrega que "ciertamente, del material gráfico y de las declaraciones vertidas por los imputados en las actuaciones parece inferirse la presencia de una extralimitación en sus funciones y de una actividad presuntamente delictiva".

Sin riesgo de fuga

Según la jueza, no existe riesgo de que el teniente y el agente en cuestión se sustraigan a la acción de la justicia, "habida cuenta de la situación de arraigo que tienen en nuestro territorio".

Además, al estar suspendidos de sus funciones, "tampoco se puede temer una reiteración delictiva", según el auto, que precisa que no "existe prueba ni indicio alguno que lleve a pensar que manteniéndose en libertad, vayan a atentar contra bienes jurídicos de los familiares de la víctima".

Tampoco considera la jueza que, "a la vista de sus declaraciones policiales y judiciales, así como de su actuar y de que están apartados temporalmente de su cargo", exista riesgo de que "vayan a alterar, destruir u ocultar medios de prueba".

La finalidad de la prisión provisional como medida cautelar, agrega el auto, "no es que el encartado abone por adelantado la pena que pueda imponersele caso de ser condenado, ni mucho menos satisfacer las exigencias de la opinión pública".

Entiende por ello que "la alarma social y el clamor popular no pueden fundamentar una medida cautelar de la envergadura de la prisión preventiva, ni pueden nublar la perspectiva de la actuación judicial que ha de caracterizarse por la prudencia, la independencia y, por encina de todo, la legalidad", afirma en el auto, que fue notificado a las partes.

El abogado de la acusación, José Ramón Cantalejo, anunció su intención de presentar un recurso de reforma contra el auto.