María Rey, fiscal de Seguridad y Salud en el Trabajo en Pontevedra: «Falta interiorizar que la finalidad es evitar un accidente»

Este jueves, día 20 de noviembre, el Salón de Actos del Círculo de Empresarios de Galicia - Club Financiero Vigo acogió la novena edición del congreso “Prevención y seguridad industrial 4.0”, organizado por el Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais (CGETI)—integrado por los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de A Coruña (COETICOR), Lugo (COETILUGO), Ourense (COITIOU) y Vigo (COITIVIGO)— y la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud Laboral de Galicia(APROSAL, que conmemora su 20 aniversario), colectivos de referencia y que cuentan con una posición cualificada en los centros de trabajo tanto en seguridad industrial como en prevención de riesgos laborales.

Tras la conferencia de apertura, titulada «Obligaciones empresariales en materia de seguridad industrial y PRL: nuevas iniciativas públicas», y la inauguración oficial con representación de la Xunta de Galicia, Consorcio Zona Franca y Concello de Vigo, el congreso arrancó a las 10:30 horas con su acto central: la celebración de un juicio simulado de un caso de accidente industrial y laboral, una propuesta novedosa en todas las ediciones que se han celebrado del evento.

En él participaron el abogado de AJP, Carlos Robredo; Xermán Varela, del Juzgado de Instrucción n º2 de Pontevedra; Ana Bernaola y Blanca Moxó, abogadas penalistas de Molins Defensa Penal; Pablo García, técnico del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (ISSGA), y María Rey, fiscal delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal en la Fiscalía Provincial de Pontevedra.

El papel de la Fiscalía

Tal y como se demostró este jueves en el juicio simulado, el papel de la Fiscalía es clave. Mantiene una relación anual directa con la Inspección de Trabajo, los servicios técnicos y las fuerzas de seguridad, pero no interviene en todos los procedimientos de salud laboral: solo cuando ya hay una lesión grave o un fallecimiento. En Galicia, el rol clave lo tiene el técnico del ISSGA.

«Somos garantes del interés público y velamos por el cumplimiento de la ley», apunta María Rey, fiscal de Seguridad y Salud en el Trabajo en Pontevedra. Esto es esencial en este tipo de casos, donde «muchas veces los trabajadores tienen miedo a denunciar» o «si llevan muchos años en la empresa, o si el empresario ha hecho algo por ellos, sienten una vinculación personal que dificulta que sean claros a la hora de denunciar».

La fiscal considera que los errores que derivan en casos de siniestralidad laboral son principalmente en materia de prevención: «Creo que el problema está en que el empresario piensa más en evitar un procedimiento que en evitar un accidente. Cumple el trámite administrativo, pero no se fija realmente en si el plan de prevención o el plan de seguridad y salud son adecuados». En este sentido, subraya que sería importante que los trabajadores formasen parte del diseño de los planes de prevención, porque son quienes conocen el proceso real del trabajo.

«No existe el riesgo cero, pero hablamos de riesgos evitables»

María Rey

— Fiscal de Seguridad y Salud Laboral en PontevedraI

Con respecto a los factores que suelen derivar en situaciones de riesgo grave, Rey señala las instalaciones en mal estado—«aunque cada vez hay menos»—, maquinaria no adaptada a la normativa o reparada con «remedios caseros», o el «exceso de confianza», tanto de los empleados como de los empresarios. «Falta interiorizar que la finalidad es evitar un accidente. No existe el riesgo cero, pero hablamos de riesgos evitables: si podría haberse evitado adoptando una medida, entonces es un riesgo imputable», declara la fiscal.

«Para mí es fundamental tanto la seguridad y salud laboral como la protección de las víctimas, que están relacionadas. La reparación del daño rara vez se logra completamente», concluye María Rey.

Este Congreso ha contado con el patrocinio de las Consellerías de Economía e Industria (a través del convenio suscrito con la Dirección Xeral de Estrategia Industrial y Suelo Empresarial) y de Emprego, Comercio e Emigración (mediante el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia, ISSGA), además de colaborar el Consorcio Zona Franca y el Concello de Vigo.