Hace apenas dos semanas que la noticia saltó en Bruselas y estos días no se habla de otra cosa, la preocupación en el sector es palpable.
El veto a la pesca de fondo aprobado por Bruselas en cerca de un centenar de áreas de aguas comunitarias — que de no haber cambios entrará en vigor este mismo domingo— podría tener un impacto de hasta 816 millones de euros en la economía gallega, afectando a alrededor de 4.400 tripulantes autonómicos, según datos compartidos por la Xunta de Galicia, que advierte asimismo de que el incidente en la flota provocaría el colapso de muchas otras actividades marítimo-pesqueras y de la cadena mar-industria, “bien por la caída logística, el arrastre comercial o la pérdida de demanda de bienes”.
Una medida que, según concretan, repercute directamente en la actividad de más de 200 barcos de capital gallego y de manera indirecta en 900; y para cuya aprobación, se denuncia desde la consellería do Mar, Bruselas no realizó ningún análisis social y económico. Un contexto en el que Rosa Quintana ha vuelto a recordar que la Comisión Europea no aportó los dictámenes en los que sustenta el veto “a pesar de que le fueron solicitados por Galicia en distintas ocasiones”.
Desde el ejecutivo autonómico también subrayan que en las zonas vedadas se faenó durante décadas sin causar daños a los hábitats, por lo que no se sustenta la urgencia de una medida tan drástica sin una consulta previa seria al sector y a los países afectados.
Recurso judicial
En cualquier caso, y de no haber cambios, la medida entrará en vigor este domingo, 9 de octubre y, mientras tanto, Galicia sigue reiterando la necesidad de que España interponga un recurso judicial contra este reglamento para evitar su aplicación.
La prohibición -que se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 19 de septiembre y entrará en vigor el 9 de octubre- tiene su germen en la Estrategia de Biodiversidad aprobada por la Comisión Europea en 2020.
Desde entonces, Galicia ha presentado argumentos, mantenido distintas reuniones y presentado informes ante su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en el sector.
