La mitad de los españoles comparte la idea de que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos. Lo piensa el 54% de la población, frente al 32% que apunta que los paga por obligación sin saber muy bien a cambio de qué, según el último barómetro fiscal que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó en julio. La cosa ya cambia cuando al ciudadano se le pregunta por el beneficio que reportan a la vista de la situación de los servicios públicos y las prestaciones sociales. Cinco de cada diez aseguran que poco y casi un 9% mantiene que nada. Somos desconfiados... pero con el prójimo. Porque más del 53% cree que la población es "poco" o "muy poco" consciente con las exigencias tributarias, aunque el 56% se considera a sí mismo "bastante" responsable. La crítica es inherente a todo lo que implique rascarse el bolsillo, pero también en esto la crisis marca un punto de inflexión en el país. Desde 2011 aumentó cinco puntos los que se quejan de que los impuestos no se cobran con justicia (87%) y únicamente un 0,3% mantiene que el fraude es residual.
En la visión de la calle sobre el sistema tributario influyen, sin duda, el torrente de casos de corrupción y las subidas de impuestos fijadas en 2010 por el anterior Ejecutivo socialista y especialmente las aplicadas por los populares, de récord en todo lo que va de democracia. Alrededor de 28.000 millones de euros desde 2012, sin incluir los incrementos registrados en gravámenes autonómicos y locales, como el IBI. Las rebajas aplicadas al IRPF -cada contribuyente, de media, se quedará con 100 euros más al mes, según el Gobierno- y Sociedades superan los 8.000 millones, por lo que la legislatura se cerrará con una subida total -en una treintena de tributos y nuevas tasas, como la fiscalidad ambiental- de 20.000 millones El ascenso en 2014 duplicó la media de los países de la OCDE y la presión fiscal se situó en el 33,2% sobre el Producto Interior Bruto (PIB).
"Los ingresos públicos son tema obligado de cualquier programa electoral, al afectar al bolsillo del ciudadano, y más aún en esta campaña en la que la economía es el eje central", explica Miguel Vázquez Taín, profesor de Economía Pública y Sistemas Fiscales en la Universidad de Santiago, que da por supuesto que hay cosas que mejorar pese a "la reforma importante, sobre todo en IRPF, de la que aún tenemos que analizar sus resultados antes de acometer una nueva reforma". Los "posibles cambios" que pueden llegar "girarán entorno a la rebaja de la presión fiscal, a la exención de determinados tramos de renta o al aumento del gravamen a las rentas más altas".
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El también presidente del Consello Galego de Economistas ve, en todo caso, "poco margen de maniobra" por la necesidad de mantener los ingresos públicos para cumplir con el techo de déficit. "Y menos veo aún si además -añade- se quieren financiar determinadas propuestas que los programas incluyen por el lado de gasto". Vázquez Taín advierte sobre "un incremento desmesurado" de la presión fiscal en los tramos más altos de la renta "porque se puede producir el efecto contrario, que se acabe recaudando menos".
"Los cambios introducidos no pueden calificarse como una verdadera reforma fiscal", destaca Alberto Vaquero, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo. Por eso, "si realmente se quiere que el IRPF deje de pivotar en exceso sobre los rendimientos de trabajo", el miembro del grupo de investigación Governance and Economics Research Network (GEN) apuesta por "cambios de calado", que incorporen "una profunda revisión" de la estimación de los rendimientos de actividades económicas. Él sí considera necesario "gravar más" las rentas superiores, "que en los últimos cambios fiscales se han visto muy favorecidas". "No se trata de bajar o subir los tipos impositivos, sino de aplicar tipos coherentes con las rentas obtenidas", concreta.
Los incrementos en el IRPF, el principal impuesto de la cesta fiscal española, permitieron a la Agencia Tributaria ingresar 3.368 millones más en 2012 y 2.209 millones en 2013, como recogen sus informes anuales, pese al desempleo disparado y la devaluación salarial. Todo un golpe para el consumo que la recaudación por IVA esquivó -10.200 millones más- gracias a la subida de tipos. El general, que Rodríguez Zapatero elevó del 16% al 18% en julio de 2010, pasó al 21% por decisión del Gobierno de Mariano Rajoy a partir del 1 de septiembre de 2012.
"Es más que probable que haya que volver a tocar el IVA", sospecha Alberto Vaquero, ante la demanda de Bruselas y la OCDE. "El peso de la deuda pública supera el 100% del PIB y las cotizaciones sociales cada vez son menores -continúa-, el margen para reducir tipos impositivos es muy reducido".
Grandes empresas
El Impuesto de Sociedades, que se asienta sobre el beneficio de las empresas, es el único que tanto en 2013 como en 2014 se mantiene en números rojos. El debate aquí está en la multitud de deducciones que permiten a las empresas, sobre todo a las grandes, reducir su factura fiscal. Vázquez Taín recuerda que las últimas modificaciones impulsadas por Moncloa "ya hicieron una limpieza importante". Quedan pocas, según el máximo responsable de los economistas gallegos, "y algunas, como las relacionadas con I+D y la investigación, tienen su razón de ser".
En el debate, el profesor de la USC insta a tener en cuenta que "una parte muy importante" de la actividad de las compañías se realiza en el exterior, donde pagan los impuestos relativos a esa producción y luego España aplica "las correspondientes exenciones y deducciones" para evitar la doble imposición. "Es lo que realmente hace rebajar los tipos efectivos de las grandes empresas", subraya Vázquez Taín, fruto de compromisos internacionales que considera "imposible no aplicar".
Alberto Vaquero advierte, sin embargo, que entre la reducción de tipos y las bonificaciones "cada vez se reduce la capacidad recaudatoria de este impuesto". Las grandes firmas "deberían ser las que más tendrían que contribuir por su mayor capacidad de pago", señala, sin olvidar el diseño de "una fiscalidad adecuada" para las Sicav.
Al ganador del 20-D le tocará desvelar el futuro de dos impuestos muy relevantes. Uno, el de Patrimonio, recuperado del cajón de forma excepcional durante la crisis. Este año vence su prórroga. "Debe mantenerse garantizando la exención de los elementos patrimoniales básicos -opina Vázquez Taín-. Cumple una función recaudatoria en relación con los grandes patrimonios y una función censal en relación con el resto de impuestos". Los 7.459 gallegos que presentaron declaración en 2013 aglutinan bienes por valor de 31.227 millones de euros. El equivalente al 57% del PIB regional. La recaudación ascendió a 59,2 millones. También Vaquero respalda su mantenimiento, aunque con "una importante reforma" que lo asimile a "un impuesto sobre las grandes fortunas".
¿El futuro del IBI?
El otro tributo pendiente es el IBI, de gestión municipal. La principal fuente de ingresos de los concellos. La subida decretada desde 2012, todavía en funcionamiento, de entre un 4% y un 10%, con la opción de actualizar por vía exprés los valores catastrales permitió a las entidades locales ser la única parte de la administración española en superávit presupuestario. La presión con el impuesto a los inmuebles, eso sí, saltó del 1,07% del PIB en 2011 al 1,3%.
"Las subidas han llegado para quedarse", avisa Alberto Vaquero. El resto de los gravámenes municipales, muy ligados al ladrillo, cayeron a mínimos y "lo normal es que las haciendas locales refuercen las figuras con mayor capacidad de recaudación como el IBI, donde, además, la ocultación de la capacidad económica es muy difícil". El comité de sabios que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fichó para diseñar una posible reforma fiscal se posicionó a favor de un tipo único para todos los ayuntamientos "algo inferior" al 1% -la media en 2013 fue del 0,579- y actualizaciones anuales de los valores de las viviendas. "La cuantificación de las bases imponibles debe ser lo suficientemente flexible para aproximarlas lo máximo al valor real", coincide Miguel Vázquez Taín, que considera positivo "capacidad de maniobra para los ayuntamientos dentro de unos márgenes previamente establecidos".
