Junto con las investigaciones abiertas por el GIAT y la persecución penal de la comisión de un posible delito por parte de los psicotécnicos, Tráfico también ha intensificado el control sobre estos centros para detectar infracciones de funcionamiento que acarrean sanciones vía administrativa, bien por indicios de falta de diligencia y rigor a la hora de hacer las pruebas o por falta de facultativos.

En el conjunto del país este tipo de infracciones disminuyeron el año pasado un 54%, al pasar de 194 en 2018 a 89 en 209, y en el caso de Galicia se redujeron casi un 29%, con un total de 35 denuncias lo que supone el 40% de todas las interpuestas en España.

Desde la Guardia Civil de Tráfico en Galicia se actúa bajo la premisa de imputar a cualquier psicotécnico cuyo conductor que pasó el chequeo en ese centro se vea implicado en un siniestro grave o mortal y que, pese a sus condiciones psicofísicas -tales como problemas de visión o de movilidad en brazos o piernas- no le hayan impuesto restricciones en la conducción. Y es que, la responsabilidad, según defienden en las reuniones internas de la Agrupación, tiene que recaer en alguien. Y si al conductor, en el centro de reconocimiento no le advirtieron de la necesidad de circular con limitaciones la merma de sus facultades, tendrá que ser el propio psicotécnico el que responda penalmente.