Ante la entrada a la urbanización de chalés "Mar Tambo" de Poio hay varios carteles en los que los afectados por el derribo parcial determinado por la Axencia de Protección da Legalidad Urbanística (APLU) dicen que "tamén queremos prórrogas".

Se refieren a la concecida en su momento a la fábrica de Ence en terreno público marítimo-terrestre y aluden a ello "porque es un despropósito cortar la fachada de una vivienda dos metros" y "porque si hay voluntad política, como en el caso de Ence, nosotros también tenemos derecho a que no nos quiten la vivienda".

Los vecinos han iniciado contactos con el colectivo a nivel nacional "Comunidad de Afectados por la Ley de Costas", que agrupa a personas de diferentes puntos del país cuyas viviendas, negocios u otras propiedades se encuentran en riesgo. Quieren tocar todos los palos para evitar lo que consideran "un abuso" y "una situación lamentable".

De los 16 chalés de la urbanización de Chancelas la mitad estarían afectados por el deslinde marítimo, según la APLU, dependiente de la Xunta. Sin embargo, los vecinos no lo ven así y aluden a que no existen ninguna orden ministerial publicada en la que se aprobase el deslinde marítimo-terrestre entre Pontevedra y Sanxenxo.

Seis técnicos visitaron ayer las viviendas para proceder a realizar las mediciones pertinentes.

"Vienen a medir, pero ¿qué exactamente? porque hay un vacío que no se da resuelto", afirman los afectados.

Es por ello que hacen un llamamiento al gobierno autonómico a que les escuche, así como al resto de Administraciones implicadas. "¿Y qué pasa si la medición al final no sirve? Parece que de lo que se trata es de hacer las cosas a prisa", se lamentan.

Asimismo, recuerdan que en 2002 ya había denuncias de que la cimentación no estaba en la distancia permitida, "así que aquí ya hubo muchos errores, tanto por parte del constructor como de la Administración; este sería uno más".

Los vecinos se están movilizando y tienen a sus propios arquitectos trabajando. Los técnicos de la APLU tienen previsto trabajar durante cuatro días en la urbanización esta semana.

Mientras, los afectados se preguntan cómo hacer frente a las multas que la agencia les ha ido imponiendo de forma sucesiva por no cumplir la demolición. Aseguran que en algún caso alcanzan los 100.000 euros. El derribo será realizado de forma subsidiaria por parte de la Xunta.