El giro en el sistema de financiación autonómica es, sin duda, uno de los casos más elocuentes de cómo los tentáculos de la política obedecen más a la conveniencia que a la necesidad. A nadie le gusta el actual modelo. Está en esa manida carpeta de reformas pendientes que empapa los discursos de los partidos cada vez que hablan de su proyecto de país. Y ahí sigue. Sin una voluntad clara de abordar la esperada modificación pese a que la propia ley que marca los criterios del reparto de los fondos a las comunidades tras los últimos cambios de 2009 obliga a revisarlos a los cinco años. El plazo chocó con las elecciones autonómicas de 2015 y el relevo que trajeron en varios territorios gestionados hasta entonces por el PP, lo que dejó al Gobierno central sin la posibilidad de sellar una negociación más o menos tranquila. Con permiso de algunos barones populares que nunca disimulan sus afrentas con Moncloa cuando toca hablar de dinero. El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, e incluso el presidente, Mariano Rajoy, justificaron el parón por la falta de recaudación para engordar la alimentación a las comunidades y el único tibio paso para acometer la reforma fue la designación de un comité de expertos y la petición a las comunidades de sus impresiones sobre la situación en estos momentos. La necesidad volvió a toparse con los comicios generales de diciembre, la repetición en junio y la incógnita ahora de si el país tendrá que volver a las urnas en diciembre para despejar la incógnita de reformas como esta.
Lo que ocurra en Galicia el próximo día 25 incidirá de lleno en la respuesta a esa interrogante y además mostrará a quién le toca defender los intereses de la autonomía en el debate de la futura financiación. De la misma manera que todas las grandes formaciones coincidieron tanto en diciembre como en junio en prometer otro modelo, los programas para la cita gallega coinciden en reclamar que así sea y a la región se le reconozcan las peculiaridades que condicionan su gasto. ¿Tan relevante es? Pues sí. Galicia se juega el combustible para no quedarse a la cola del crecimiento en España.
Entre los rasgos diferenciales que arrastra la región destaca su demografía. El envejecimiento. La elevada proporción de mayores de 65 años, casi un 25% del total, frena las opciones de recaudación -cobran y consumen menos- y paralelamente tiran al alza del gasto público por la demanda de servicios sociales y sanidad. A eso se suma que los salarios en Galicia están entre los más bajos de España -con el correspondiente efecto en los ingresos del IRPF- y, en general, la renta media se queda a años luz de País Vasco, Madrid, Navarra o Cataluña. El esfuerzo fiscal está limitado. ¿Consecuencia? Galicia es tradicionalmente un territorio que recibe mucho más de la caja común de lo que aporta.
Los últimos datos sobre las llamadas balanzas fiscales publicados hace poco más de un mes con información de gastos e ingresos de 2013 desvelaron que esa diferencia asciende a 3.655 millones de euros. El equivalente al 6,78% de su Producto Interior Bruto (PIB). Es cifras absolutas es la tercera comunidad con mayor desajuste y la sexta en función del tamaño de su economía. A cada residente en Galicia le llegan de otras partes del país un total de 1.326 euros en financiación.
La otra cara viene de Madrid, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Navarra. Las únicas cinco autonomías con déficit fiscal. Donde la contribución supera de largo a lo que luego llega a sus manos y que en la región madrileña alcanza los 17.500 millones y cerca de 9.000 en Cataluña. Un panorama que, mezclado con la fragmentación política y la rivalidad entre formaciones, promete calentar el debate de la reforma del modelo. Como sucedió con los anteriores. Como ocurrió también con la discusión sobre las fórmulas de financiación alternativas impulsadas en los últimos años por Hacienda para aliviar la asfixia financiera de la mayoría.
La Xunta dio la espalda primero a la inyección habilitada por el Ejecutivo central para agilizar el pago a proveedores. Después, al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con el que las arcas estatales querían frenar los disparatados intereses que los mercados exigían a buena parte de las comunidades para prestarles dinero. La administración gallega se negaba a perder autonomía -porque la solicitud de fondos implicaba la supervisión contable de Hacienda- y el enfrentamiento entre el presidente, Alberto Núñez Feijóo, con Montoro fue público y notorio. El ministerio llegó a sacar un comunicado con el supuesto exceso en el que incurría la Xunta por seguir financiándose por su cuenta sin recurrir al FLA. La guerra se reabrió con la decisión de bajar a cero los intereses que estaban abonando las comunidades que sí se adhirieron al fondo. Hacienda calmó en parte las aguas -para entonces las elecciones autonómicas ya habían cambiado el mapa político español- y se ganó el respaldo de Galicia con la creación de otro instrumento, el de Facilidad Financiera, para aquellas regiones que cumplen el límite de déficit, de deuda y el plazo con los proveedores. Tipos cero también y el perdón en el caso de Galicia de las devoluciones pendientes al Estado de lo recibido de más en años anteriores por el sistema de financiación. En 2015, la Xunta pidió 1.597 millones de euros, según el balance del Gobierno, con un ahorro de 95,8 millones de euros. El endeudamiento permitido para 2016 en la Xunta vendrá de nuevo por esta vía después de la prórroga a la facilidad financiera del ministerio.
¿Y el resto de recursos, los no financieros? Otra vez hay que recurrir al balance de 2013 para obtener la radiografía de la dependencia de Galicia de los recursos del sistema de financiación. La parte de los ingresos tributarios que le corresponde por la ley de financiación autonómica de 2009 -la mitad de IRPF y el IVA, el 58% de casi todos los Especiales y los cedidos, como Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales- sumó 4.800 millones. Otros 1.635 millones que no están vinculados a impuestos y 262 por los fondos de convergencia, destinados a igualar la cobertura por habitante. Total: 6.702,8 millones de euros. El 86,4% del global de esos recursos no financieros. Las cuentas no se quedan ahí porque hay 61,5 millones por los fondos de compensación interterritorial o los 551 millones proporcionados por la Unión Europea. Ese ejercicio, la Xunta gastó 9.740 millones. Lo que da una idea muy clara de lo que la reforma del sistema repercutirá en la comunidad. En una media de 100 en el conjunto del país, el índice de financiación por habitante en Galicia se situó en 2013 en 106,3. Un récord. En los tres últimos ejercicios liquidados, la comunidad nunca bajó de 105.
El mejor aval para Galicia a la hora de sentarse con Hacienda fue la adaptación al techo de déficit. Toda la legislatura. La tijera, la subida de algunos impuestos como el antiguo céntimo sanitario y las medidas de eficiencia aplicadas por el equipo liderado Feijóo permitieron a la Xunta, defensora a ultranza durante la doble recesión de la austeridad, controlar el problema del desequilibrio presupuestario. De hecho eso es lo que le ha permitido arañar un extra de hasta 200 millones que San Caetano dedica este año electoral a un plan de inversiones. Pero ese aumento del gasto, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), es en estos momentos un riesgo para que Galicia refrende en este 2016 el cumplimiento del límite (0,7%) de cara a la senda marcada el resto de la década: un 0,5% en 2017, un 0,3% en 2018 y el 0% en 2019.
Así que el nuevo Gobierno gallego estará abocado a seguir echando cuentas. A ajustar al dedillo ingresos y gastos y aminorar una deuda que en el primer trimestre alcanzó los 10.641 millones de euros, el 19% del PIB, tras una subida del 169% desde el estallido de la crisis. En el total de las autonomías, los créditos y emisiones pendientes aumentaron un 258%. No extraña que esta misma semana la agencia de calificación Standard & Poor's advirtiera que las regiones tardarán "décadas" en reducir con contundencia su deuda y que se necesita una reforma "profunda" del sistema de financiación.
