En Marea cerró en Vigo la campaña de las que serán sus primeras elecciones después de meses de crispación y fracturas internas. El portavoz del partido, Luís Villares, reivindicó la autonomía de su proyecto respecto al resto de formaciones y recordó que, si de él depende, nunca apoyará unos presupuestos generales del Estado que "humillen" a Galicia, aunque se presenten de la mano de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. "Progresistas, sí", dijo, "pero a vaquiña polo que vale".

El líder de la marca rupturista defendió el aval a En Marea como un "voto profiláctico" para impedir que PSOE "se acueste" con Ciudadanos, en un hipotético gobierno de coalición, pero aclaró al mismo tiempo que en su hoja de ruta nunca estaría permitir un tridente de la derecha. Un "no pasarán" al "machismo" la "corrupción" o los "recortes" o que la formación posibilitará "desde el primer día". "No va haber tacticismo", subrayó. "Queremos participar de la gobernabilidad del Estado", dijo, en un momento en el que En Marea compite en el mismo espacio con En Común-Unidas Podemos, liderado por Antón Goméz-Reino o Yolanda Díaz, antiguos miembros de la confluencia y diputados en la última legislatura en Madrid.

Villares, que confió en la consecución de un grupo parlamentario al completo, abogó por subir las pensiones a 1.082 euros sin que por ello el sistema se vaya "a venir abajo" y aludió a la crisis de Alcoa como ejemplo del poder de los "lobbies" del sector eléctrico que el Gobierno no fue capaz de doblegar "ni por motivos electoralistas".

Por otro lado, el líder de En Marea hizo bandera de causas tradicionales en el discurso rupturista, como la justicia fiscal y la recuperación del dinero del rescate bancario ("porque si no es prestado, es robado"); todo, en una intervención a favor de un "proyecto nacional gallego" solidario tanto a nivel social como territorial.

Antes, Iris Malvido, candidata del partido al Congreso por Pontevedra, recalcó que el de En Marea no es un voto "útil", uno de los argumentos más escuchados en campaña, sino un "voto necesario" para promover, entre otros asuntos, la "desmercantilización" de los servicios públicos