Como asociación referente de las empresas instaladoras de la provincia de Pontevedra, Foncalor ha liderado desde los inicios del concepto de Eficiencia Energética, la formación y promoción de los modelos tanto de energías limpias como eficientes aplicadas a los usos domésticos e industriales de calefacción, agua caliente sanitaria, climatización, refrigeración y otras actividades afines. Se trabajó desde el inicio en un cuidado programa de formación y difusión entre las empresas asociadas contando con la colaboración de técnicos y empresas fabricantes de equipos, organizando cursos, jornadas formativas, etc.

En la cadena de la energía, la empresa instaladora es un elemento clave que permite engranar el sistema haciendo que todo funcione. Para ello se parte de tres escenarios en los que la empresa instaladora tiene que intervenir: la instalación, el mantenimiento y la reparación. Para obtener un buen rendimiento es necesario partir de una instalación adecuada, bien proyectada y ejecutada para llevar a cabo un mantenimiento preventivo y correctivo que permita optimizar la instalación en sus funciones y rendimientos. Es necesario disponer de instaladores acreditados, conocedores de su trabajo, como son la gran mayoría de las empresas que operan en nuestra provincia y máxime si cuentan con el aval de pertenecer a Foncalor, donde se encuentran las empresas referentes del sector. La empresa instaladora hoy en día se mueve con dos parámetros claros: eficiencia energética y energías renovables. Cuando hace años en Foncalor se empezaban a manejar estos conceptos basados en nuevas tecnologías que avanzaban en lo que ahora podemos encontrar sin dificultad en el mercado, éramos conscientes de la trascendencia que la asociación tenía para la difusión e implantación de las nuevas líneas de trabajo y soluciones que poco a poco se iban ofertando en el sector, no siempre contando con la aprobación del usuario final que le costaba entender las nuevas propuestas.

Teniendo en cuenta la amplitud de actividades y servicios en los que intervienen las empresas instaladoras, la eficiencia energética está presente en multitud de aspectos en el día a día de los instaladores. Sistemas de calefacción más eficientes, ya sean colectivos como las de comunidades de vecinos o de uso individual como las viviendas unifamiliares, pasando lógicamente por las salas de calderas y sistemas de calefacción agua caliente sanitaria y climatización de los grandes edificios comerciales e instituciones privadas o públicas, donde además tenemos que contar con instalaciones eléctricas que permitan una iluminación de bajo consumo, de forma que todo ello tenga su origen en unas energías renovables. Supone indudablemente un gran reto para el sector que se ha visto inmerso en un cambio tecnológico de gran magnitud y al que ha sabido hacerle frente, adaptándose e incorporando como propias las nuevas tendencias y estrategias de gestión empresarial que estos nuevos escenarios demandaban a la empresa instaladora.

Ahora Foncalor inicia un nuevo programa orientado hacia el consumidor final para informarle sobre la mejora de los hábitos de consumo. Para ello pondrá en marcha una política interna de información entre sus asociados de forma que sean las empresas instaladoras las primeras en difundir entre sus clientes los beneficios de una instalación eficiente que pasa por la renovación de equipos con nuevas tecnologías y un adecuado mantenimiento, aspecto este último de gran importancia para el correcto rendimiento de los equipos. De otra forma, con instalaciones obsoletas y mal mantenidas únicamente se incurre en elevados gastos derivados del consumo, no obteniendo la calidad de vida y derrochando energía.

Como en todos, en este sector hay amenazas y una de las más graves y que afecta al usuario es el intrusismo, unos de los caballos de batalla de Foncalor que perjudica tanto a las empresas instaladoras como a la administración pública y, por supuesto, al usuario final. En este sentido, Foncalor ha demandado siempre más colaboración y rigor tanto a los organismos públicos de inspección de trabajo como de hacienda pública con el fin de hacer frente a estas actividades ilícitas que representan entre el 20 y el 25% del sector.