Cardama demanda a Uruguay los más de 50 millones restantes del contrato y reclama daños y perjuicios

La oposición llevaba semanas reclamando al Gobierno de Uruguay la documentación vinculada a la polémica que mantiene el país con Astilleros Cardama a cuenta de la rescisión del contrato de 82,2 millones de euros para fabricar dos patrulleras. En concreto, la relativa a la demanda presentada por la empresa viguesa ante la Corte Internacional de Arbitraje de París para defenderse frente a la decisión uruguaya y las demandas presentadas en Montevideo. Pero no fue hasta esta semana cuando la administración de Yamandú Orsi cedió y trasladó la documentación solicitada. En ella, la firma que dirige Mario Cardama demanda al Estado charrúa los más de 50 millones de euros que todavía restan por cobrar del fallido contrato (con un barco a medio construir) además de reclamar daños y perjuicios.

Los medios uruguayos se hicieron eco este miércoles de la información comunicada por el diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, que consiguió la documentación previo paso por la Justicia ante la negativa de Orsi y su equipo a trasladarla. A través de una rueda de prensa junto a otros integrantes de la llamada Coalición Republicana, que reúne a los principales partidos en la oposición, el legislador informó de los pormenores del caso, tanto de lo planteado por el astillero como la respuesta de Uruguay. «Lo que empezó mal, siguió mal; y ojalá no termine mal», dijo.

El periódico local El País recogió los principales fragmentos de la demanda. En ella Cardama pide que la rescisión anunciada el pasado 13 de febrero sea declarada «improcedente y contraria a Derecho». «Se declare que la República Oriental del Uruguay ha incumplido sus obligaciones y violentando el principio de buena fe contractual», concreta. En el texto, todavía en análisis en la corte parisina, reclama percibir «cualesquiera cantidades pendientes de pago en virtud del contrato, así como una indemnización por los daños y perjuicios —económicos y de imagen— sufridos», además de los costes del proceso.

Aunque en el texto no especifica una cifra exacta, hasta el momento Uruguay había desembolsado casi 29 millones de euros para llevar a cabo la obra, visible en la atarazana, por lo que al menos todavía quedarían por abonar esos más de 50 millones de euros para completar los 82,2 millones por los que logró en 2023 el contrato para las dos patrulleras oceánicas frente a otros competidores.

Justificación del arbitraje y respuesta

Aunque las cláusulas 38 y 39 del contrato señalan que cualquier controversia jurídica debe dirimirse en los tribunales uruguayos, Cardama entiende que los aspectos jurídicos y técnicos que están en tela de juicio conforman una única cuestión. «Abordar o enjuiciar una de estas cuestiones aislando la otra resulta jurídica y lógicamente inviable, so pena de incurrir en resoluciones contradictorias», alegan desde el astillero.

Como ejemplo, Cardama recuerda que podría darse el caso de que un tribunal se pronunciase «sobre el supuesto incumplimiento técnico» vinculado a las obligaciones que figuran en un contrato «cuya vigencia y entrada en vigor es simultáneamente negada por la propia demandada». «Por consiguiente, la inseparabilidad de ambas cuestiones exige su conocimiento y resolución conjunta y unitaria en el procedimiento arbitral, garantizando así la unidad del procedimiento y el principio de seguridad jurídica», añade.

El astillero habla de «una conducta continuada de mala fe», con el agravante de la «exposición pública y mediática de acusaciones gravísimas sin previa comunicación», en alusión a la «sorpresiva» rueda de prensa de Orsi y su equipo, «seguida del rechazo sistemático a toda solución conservativa del contrato», con las tres opciones planteadas para intentar salvar el pedido, así como «la fabricación oportunista de supuestos incumplimientos para justificar una decisión de rescisión tomada de antemano».

Para el gobierno uruguayo, en cambio, la corte de la capital gala no es el lugar adecuado para dirimir estas cuestiones. A través del estudio jurídico Uría Menéndez se defendieron de la demanda tildándola como «un claro intento de recurrir a un foro manifiestamente incompetente para eludir las consecuencias de sus propios incumplimientos». Acusa a Cardama de «graves incumplimientos del contrato», en particular en lo vinculado a las garantías, y entiende que es algo que debe ser solventado «ante la jurisdicción competente que es la Justicia uruguaya».

Y aunque la administración del país sudamericano dice que la Corte Internacional de Arbitraje no debería ser competente para el caso, señala que en caso de que la demanda sea finalmente aceptada, debe ser Cardama quién devuelva los 28,79 millones abonados al astillero.

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