La oposición uruguaya denuncia a la ministra de Defensa por rescindir el contrato con Astilleros Cardama

La batalla política en Uruguay por la rescisión del contrato de Astilleros Cardama tiene esta semana un nuevo capítulo. La llamada Coalición Republicana, que reúne a los principales partidos en la oposición, ha anunciado que denunciará penalmente a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por lo que entienden fue un abuso de funciones en la gestión de la situación con el astillero vigués y un acto de «mala fe». El Frente Amplio, que lidera el gobierno de Yamandú Orsi, habla por su parte de un «fraude contra el estado».

La disputa a nivel interno que supone el fallido contrato de las dos patrulleras oceánicas por 82,2 millones de euros se ejemplificó una vez más este lunes, cuando el oficialismo y la oposición celebraron sendas conferencias de prensa con escaso margen de tiempo para tirarse culpas los unos a los otros: los primeros, porque dicen que el anterior Gobierno de Luis Lacalle Pou facilitó lo que consideran una estafa; los segundos, porque creen que Orsi y su equipo buscaron cualquier excusa (en este caso, el problema con las garantías) para tumbar el contrato. Según refleja el semanario Búsqueda, ambas partes entienden que hubo «hechos de apariencia delictiva».

Los partidos Nacional, Colorado e Independiente, que integran la coalición, anunciaron que presentarán la denuncia una vez que finalizaron las sesiones de la comisión investigadora del caso, con las respuestas enviadas por escrito la semana pasada por Mario Cardama, responsable del astillero.

Aseguran que Lazo ejerció un «abuso innominado de funciones» y que se dio «una maniobra política de muy mala fe que va a traer perjuicios al Uruguay», en relación al proceso de arbitraje internacional iniciado por el astillero. Además, cargaron contra el envío de dos oficiales de la armada a fiscalizar la obra en Vigo, sin los conocimientos del sector naval necesarios.

Desde el Frente Amplio de Orsi, por su parte, se dijo que Lazo fue «muy clara» ante la comisión, la respaldaron ante esta denuncia y explicaron que la actuación de los asesores «no constituyó una investigación ni una pesquisa, como se señala por parte de la oposición».

De igual forma presentaron su informe sobre la investigación parlamentaria, en el que apuntan directamente a Cardama y también a los anteriores ministros de Defensa (Javier García y Armando Castaingdebat) y a funcionarios del anterior Gobierno.

Así, ven al dueño del astillero como «principal responsable», pero añaden: «La consumación del fraude y la magnitud del daño causado al patrimonio público no hubieran sido posibles sin la intervención de funcionarios públicos que, mediante decisiones activas u omisiones en el ejercicio de sus cargos, permitieron que la situación se desarrollara en los términos en que lo hizo».

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