Cardama planteó tres opciones diferentes a Uruguay para salvar el contrato: «Ni siquiera se respetó el principio de inocencia»

La agenda de la opinión pública uruguaya sigue muy marcada por lo que allí llaman «Caso Cardama»: la polémica rescisión del pedido de dos patrulleras por 82,2 millones de euros que el país firmó con Astilleros Cardama. El pasado febrero el actual gobierno (del partido FA, Frente Amplio) fulminó este contrato firmado por el anterior (Partido Nacional). Desde entonces, todas las semanas la prensa local recoge alguna arista o comentario sobre el tema. Es especial, por la batalla política que creció con una comisión de investigación parlamentaria. A esta fue invitada el responsable de la firma viguesa, Mario Cardama, que decidió responder por escrito, tal como hizo este jueves a lo largo de 20 páginas. En ellas defiende el trabajo del astillero y desvela que llegó a plantear tres opciones diferentes a Uruguay para salvar el contrato. Todas, desatendidas.

Cardama logró el pedido en el verano de 2023 para construir dos unidades de 86,75 metros de eslora en un contrato que entró en vigor ya a finales de 2024. En octubre del año pasado el Gobierno charrúa denunció en una rueda de prensa supuestas irregularidades contractuales para iniciar una rescisión del pedido, proceso que culminó el 13 de febrero de este curso. Desde entonces, la comisión investiga la adjudicación y la situación con las garantías aportadas por el astillero, empleada por el gobierno que lidera Yamandú Orsi para finiquitar el encargo.

Mario Cardama inicia el escrito resaltando la capacidad técnica y experiencia de la firma, algo cuestionado también desde Uruguay. «Nos duele mucho oírlo», explica el administrador único, que recuerda que, en el caso de las patrulleras, los bloques ya ensamblados de la primera fueron certificados por la prestigiosa Lloyd's primero, como mandaba el contrato, y por Bureau Veritas después, por encargo de Uruguay. Esta última calificó la obra olívica como «satisfactoria».

Sobre las garantías, el empresario explica que tuvieron problemas con los habituales bancos con los que trabajan debido al protocolo MIGA Exclusion List, creado por el Banco Mundial tras la Guerra de Ucrania para que las entidades adheridas no financien o garanticen proyectos que incluyan armas (los barcos llevarían torretas y sistemas de Escribano).

Fue así como, a través de intermediarios, se llegó a Eurocommerce para la garantía de fiel cumplimiento, empresa que resultó no existir. «Ni siquiera se respetó el principio de inocencia. Directamente se nos trató como culpables de un fraude del cual no tenemos que ver», critica Cardama, que denunció la situación penalmente.

El vigués explica también que antes de la rueda de prensa del pasado octubre mantuvo una reunión con la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en la que no se mencionó problema alguno en obra, plazos o garantías. «Parece claro que el foco de Uruguay en esta etapa (...) estaría en tomar cualquier oportunidad para dificultar/impedir el desarrollo del contrato en lugar de actuar a favor», resume Cardama a tenor de lo sucedido días después.

Tras aquellas palabras de Orsi, el astillero urgió una mediación para poder seguir adelante, presentada por escrito a través de su representante: el abogado Gonzalo Fernández, excanciller uruguayo y mano derecha de Tabaré Vázquez, también de FA. El empresario explica que de forma verbal pusieron encima de la mesa tres alternativas para salvar el pedido: una ampliación de la otra garantía (suscrita con la americana Redbridge), un depósito de dinero en el Banco de Uruguay hasta finalizar el contrato y un depósito de Bonos del Tesoro en dicho banco.

Lazo y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, plantearon después la posibilidad de una serie de «reformas en el contrato» que nunca se llegaron a concretar por parte del gobierno pese a la insistencia de Gonzalo Fernández en tenerlas por escrito. «No hubo pronunciamiento alguno sobre la garantía alternativa ofrecida», denuncia Cardama.

Después de estas infructuosas reuniones, desde el Gobierno se dijo que el astillero nunca presentó alternativa alguna y todo siguió igual hasta la rescisión final y el escenario actual, con los bloques ocupando espacio en la factoría, un arbitraje internacional en marcha y demandas. «Mientras tanto, ambas partes nos gastamos una fortuna en abogados», sentencia.

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