Uruguay eleva a más de 30 millones de euros la demanda contra Cardama por las patrulleras

Casi seis meses después de anunciar la rescisión del contrato para dos patrulleras con Astilleros Cardama por valor de 82,2 millones de euros, el Gobierno de Uruguay ha presentado una demanda civil en su país en la que reclama a la empresa viguesa 35 millones de dólares (30,3 millones de euros al cambio actual). El Ejecutivo que preside Yamandú Orsi busca así recuperar los casi 29 millones de euros abonados para la construcción de las dos embarcaciones y una serie de cuantías por daños y perjuicios. Todo ello a la espera de que se resuelva si se estima o no el arbitraje internacional activado por Cardama para intentar defenderse en esta disputa legal clave para el naval gallego.

El pasado 13 de febrero Uruguay anunció esa rescisión definitiva, haciendo así efectiva la dura rueda de prensa de octubre de 2025 en la que Orsi enterró el pedido. Entonces se habló de recuperar eso casi 29 millones y reclamar daños y perjuicios por «un incumplimiento grave derivado de las dos garantías», la de fiel cumplimiento y la de reembolso.

La demanda civil, adelantada por El Observador y recogida por más medios charrúas, se presentó el pasado viernes y en sus cerca de 200 páginas explica los problemas de las garantías aceptadas por el anterior gobierno uruguayo. En lo que respecta a la de fiel cumplimiento, de casi 4,2 millones, fue firmada con Eurocommerce Bank, firma que resultó no existir («trucha», como dicen en Uruguay), algo de lo que Cardama se ha defendido alegando que fueron estafados por los mediadores, lo que motivó una denuncia por parte del astillero. En este caso, el país señala la existencia de «intermediarias» como Forum Europe SL o Star Alliance, sin aparente capacidad para este tipo de operaciones y con una serie de «anomalías».

En cuanto a la de reembolso, presentada con Redbridge por 8,2 millones de euros, la aseguradora garantizó la validez y vigencia de la póliza, pero para el equipo jurídico uruguayo hay una infracción «grave y manifiesta» del astillero al haber presentado «un documento sin fuerza vinculante».

«La obligación de constituir y mantener vigentes las garantías exigidas por el contrato recaía exclusivamente sobre Cardama», recoge la demanda, que apunta a que «es flagrante el incumplimiento» esté o no la firma viguesa «involucrada en las conductas ilícitas que derivaron en la falsedad de la garantía».

Según la demanda, para el Ejecutivo todo «trasciende ampliamente la negligencia grave y presenta características propias del dolo», habla de «incumplimiento contractual» de Cardama y acusa al astillero de haber actuado de «mala fe». Por ello, reclama los 28,79 millones de euros abonados en tres hitos con un interés anual del 6%, además de un «daño futuro» por no poder usar las patrulleras para vigilancia oceánica, otro por «sobreprecio» de las nuevas embarcaciones que tendrán que comprar

La demanda se dio a conocer en Uruguay en el momento en el que terminaba la comisión investigadora sobre esta licitación que ganó Cardama en 2023. El astillero, por su parte, sigue guardando silencio ante la disputa legal: hasta el momento no han sido notificados de ninguna demanda, ni de esta ni de la anterior de carácter penal. Tampoco hay novedades respecto al proceso de arbitraje que el Gobierno uruguayo busca evitar a toda costa, en fase de análisis en la Corte Internacional de Arbitraje de París.

Mientras, el astillero mantiene sus trabajos de reparación y cambió recientemente el tipo de órgano de administración. Coincidiendo con la salida como consejero del accionista Jose García Costas, la empresa pasa de un consejo de administración a administrador único. Según recoge el Borme, recae en Imbeira SL, liderada por Mario Cardama.

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