Las diferencias internas entre las dos salas del TSXG que llevan el aluvión de recursos contra parques eólicos frenan el desbloqueo del sector

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) saca pecho por lograr «la segunda paralización cautelar» por riesgos ambientales entre los proyectos eólicos acumulados en la comunidad desde «la nueva sala tercera» del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La organización ambientalista, una de las más combativas en la cruzada contra el despliegue de más parques, se refiere así a los cambios en los miembros de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo tras el traslado forzoso del magistrado Luis Villares a la sección cuarta. «Y después de que la Xunta atribuyese la parálisis del sector a su supuesta parcialidad», remarca, en la nota de prensa distribuida este lunes, insistiendo en la misma idea que lanzó el pasado julio cuando anunció el bloqueo de la instalación Pena do Pico de Greenalia en Lugo: que no hay un problema de falta de objetividad en los jueces, sino de «graves carencias en la tramitación administrativa».

Esta vez es un complejo de aerogeneradores impulsado por Iberdrola. La Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais bendijo el parque Fial das Corzas, con 8 turbinas y una potencia total de 41,6 megavatios (MW) en los concellos ourensanos de Laza y Vilar de Barrio, en abril de 2023. Adega sostiene que «la nueva composición de la sección tercera» admite su petición de inmovilizar el proyecto «al considerar acreditada la existencia de indicios de riesgos ambientales de difícil o imposible reparación derivados de su eventual construcción», por su cercanía al Parque Natural do Invernadoiro y tres espacios integrados en la Rede Natura 2000 (el Macizo Central, el Bidueiral de Montederramo y el río Támega).

El auto con la decisión de parálisis cautelar al que ha tenido acceso FARO recoge, en efecto, la existencia de «serios indicios» del riesgo de afección. Enfrenta la declaración de impacto ambiental favorable de la administración autonómica con los datos de parte presentados por Adega. «Con este escenario de informes técnicos contradictorios, el principio de precaución de raigambre comunitaria impone priorizar la salvaguarda provisional del sustrato ecológico persistente —concluye—. El principio de precaución y prevención del derecho de la UE exige actuar antes de que una eventual sentencia estimatoria quede reducida a papel mojado por la consumación de hechos irreparables».

Lo cierto es que este proyecto ya estaba suspendido. Desde hace casi dos años. La misma sección tercera dejó en el aire las autorizaciones al parque Fial das Corzas el 30 de octubre de 2024. El nuevo auto responde al recurso de reposición de la Letrada de la Xunta y de Iberdrola. Ahora toca entrar en el fondo del asunto, al igual que en las decenas de procesos abiertos. Si existe o no ese golpe al entorno, aunque probablemente lo harán ya los jueces de otra sección del alto tribunal gallego.

La sección tercera, de donde salieron Villares y otra de las magistradas, tiene las competencias en los contenciosos de materia industrial. Por ejemplo, los que tengan que ver con la potencia de un parque eólico. Pero la tutela de los conflictos medioambientales corresponde a la sección segunda.

Traspaso de casos

El pasado 2 de junio, según pudo saber FARO, la presidenta de la Sala notificó que el litigio por los permisos al parque eólico Orballeira desarrollado por la compañía italiana PLT Holding (en manos de la conocida familia Tortora) corresponde a la sección segunda porque esgrime cuestiones medioambientales y ordenó pasarlo desde la sección tercera, donde estaba dirimiéndose. Desde ese mismo día, se acordó el mismo destino para 81 pleitos más. En manos de la sección segunda hay ya 84 demandas en total (los 82 procedentes de la otra sección y dos nuevos que entraron directamente en ella), que involucran a 41 parques eólicos y una línea de evacuación.

Las fuentes consultadas por este periódico coinciden que el objetivo de María Azucena Recio es facilitar «un traspaso ordenado» para recolocar todos los casos pendientes en la sala que tiene las funciones sobre los aspectos medioambientales. La sección segunda ya dictó hasta ahora dos autos sobre medidas cautelares, uno referido a la línea de evacuación del parque eólico Campelo y otra por el complejo Serra da Fracha. Y en ambos desestima la petición de paralizar los permisos. Además, levantó la suspensión cautelar por prejudicialidad casacional en 7 de los 201 pleitos suspendidos a la espera de sentencias del Tribunal Supremo.

El resto, hasta un total de 253 procesos judiciales en marcha (243 sobre casi un centenar de parques y 10 de líneas eléctricas), siguen sobre la mesa de la sección tercera. A diferencia de la otra sección, aquí no se levantó ninguna suspensión cautelar después de los fallos del alto tribunal español a favor de la tramitación. Incluso sigue dictando autos de paralización antes de remitir los casos a la sección segunda. Desde ese 2 de junio, van 8 decisiones de suspensión de parques o líneas. Dos de ellas, en proyectos que no estaban suspendidos en otros procedimientos interpuestos por otra organización ambientalista: el parque Pena do Pico y el de Penas Pardas.

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