Más malas noticias del Reggaeton Beach tras la cancelación en Nigrán: Consumo multa al festival con 320.000 euros

El Ministerio de Consumo ha sancionado con 320.000 euros al organizador de Reggaeton Beach Festival por distintas prácticas abusivas, como impedir el acceso con comida y bebida del exterior, limitar su reacceso o imponer gastos de gestión en la venta de entradas.

La sanción se produce tras la denuncia de la organización de consumidores Facua-Consumidores en Acción.

Según explica el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, la empresa a la que se ha impuesto esta sanción económica, que organiza festivales de música en diferentes comunidades, ha admitido la responsabilidad por las infracciones y, a partir de esta sanción, está obligada a rectificar y a eliminar todas las cláusulas que se consideran abusivas.

En total, la sanción asciende a 320.000 euros en función de las cuatro infracciones graves en las que ha incurrido la empresa.

Consumo explica que el público tuvo que pagar una cantidad adicional a la propia entrada para poder entrar y salir del recinto durante la celebración del evento.

Otra de las prácticas abusivas fue la imposición de gastos de gestión en la venta de entradas, tras constatar que el incremento de su precio no se correspondía con un servicio efectivamente prestado.

Además, se limitó el derecho de reembolso del dinero que los asistentes no se hayan gastado a través del medio de pago que la organización del festival ha establecido (normalmente, pulseras cashless): los organizadores establecieron un periodo de tiempo limitado para solicitar el reembolso y un cobro adicional en concepto de gastos de gestión por la devolución del dinero, así como la no devolución de cantidades sobrantes por importes inferiores a dos euros.

Junto a la multa económica, la sanción implica que esta empresa tiene la obligación de rectificar y de eliminar las cláusulas que se consideran abusivas.

Consumo hace unas recomendaciones y advertencias de cara a la compra de entradas para asistir a un festival, como la de que el precio debe ser final y completo desde el inicio, incluyendo todos los gastos, y que esos gastos de gestión solo pueden cobrarse si responden a un servicio real.

El festival debe garantizar el acceso a agua del grifo en el evento y la prohibición de introducir comida y bebida puede ser abusiva si dentro del recinto se permite su consumo si se compra en el recinto del festival.

La reventa no está prohibida, pero se debe comprobar que el promotor la permite, señala Consumo, que propone utilizar siempre canales autorizados.

Y si la compra se hace fuera del canal oficial, hay que asegurarse de que las entradas que se adquieren no son nominativas, que se garantiza el acceso y que se han puesto a la venta por los promotores y no sobre eventos creados por las plataformas, concluye el ministerio de Bustinduy.

Fuente: Diario de Mallorca