Condenado a más de cuatro años de prisión un empresario de Pontevedra por vender como originales máquinas chinas de «lifting»

El tratamiento Ultherapy, validado por la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA, la US Food and Drug Administration), es propiedad de la compañía Merz Aesthetics, especializada en tratamientos estéticos no quirúrgicos con la administración de ultrasonidos. La misma Merz es la responsable de su comercialización, que en España realiza la filial Merz Pharma España. Pero en el año 2015 un empresario pontevedrés decidió importar de China unos aparatos similares, low cost, a los que puso una pegatina de Ultherapy y distribuyó como si fueran de Merz. Ha sido condenado a más de cuatro años de prisión por un delito continuado contra la propiedad intelectual y falsedad en documento mercantil y deberá indemnizar a sus clientes y a la propia Merz. Los aparatos serán destruidos.

La quincena de dispositivos distribuidos por este empresario, administrador único de la empresa Aparatología Médico Estética Tecnolfarma, empezaron a fallar. Los compradores, como no recibían respuesta de su supuesto servicio de posventa, empezaron a reclamar directamente a Merz en la creencia de que eran aparatos originales. Pero, en realidad, se trataba de modelos de Hifu Sthetic FU13-10S. Fue ahí cuando saltó la estafa, según consta en el fallo de la Audiencia Provincial. «El acusado falsificó los certificados de CE de los equipos vendidos con el ánimo de menoscabar la fe pública del tráfico mercantil, aparentando su legítima procedencia», consta en la sentencia.

Como abunda el magistrado David Pérez Laya, que actuó de ponente, «para llevar a cabo la comercialización de las máquinas y ganarse así la confianza de posibles clientes, [el empresario] no dudó en hacerse con numerosos certificados que avalan los productos que oferta, llegando incluso a falsificarlos para conseguir su objetivo. Se ha localizado numerosa documentación». El acusado impartía incluso cursos de formación para utilizar las máquinas correctamente.

La sentencia ha fijado una condena de tres años de prisión y multa de 20 meses por un delito continuado contra la propiedad industrial y de un año y ocho meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil. También ha ordenado el pago de 92.665 euros a los compradores de los dispositivos, en concepto de responsabilidad civil derivada del delito, y otros 30.000 euros a Merz por daño moral.

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