Uruguay acuerda citar al propietario de Cardama en la comisión que investiga el caso de las patrulleras

La comisión especial que examina la compra de las dos patrulleras oceánicas que el Gobierno uruguayo encargó a Cardama ha acordado citar al propietario del astillero vigués, Mario Cardama, y a su asesor en el país sudamericano, Gerardo Moreira, para que comparezcan sobre el caso. La decisión se produce después de las declaraciones de este lunes del exministro de Defensa, Armando Castaingdebat, en la cámara investigadora, donde negó irregularidades en la megalicitación de 82 millones de euros que el Ejecutivo de Luis Lacalle (Partido Nacional) adjudicó a la firma olívica. Un contrato que no tardó en caer cuando llegó al poder la oposición, bajo las riendas de Yamandú Orsi (Frente Amplio), tras detectar «un incumplimiento grave de las dos garantías» que la atarazana necesitaba para hacerse con la construcción de los buques, de 87 metros de eslora.

«Estuvo todo dentro de la ley», señaló Castaingdebat en su audiencia, una de las más esperadas por el cargo que ostentaba en el momento en el que fue tramitado el concurso público. A sus ojos, hubo controles «superiores a los exigidos por la normativa» y «siempre se persiguió el bien mayor».

«Es una lástima. Porque Uruguay estaría en camino a tener la primera patrullera y hoy estamos metidos en una discusión política que la va a pagar Juan Pueblo (una expresión figurada empleada en América Latina para referirse a la ciudadanía y los contribuyentes). Esto va a costar mucha plata», subrayó asimismo el extitular de Defensa.

Frente a ello, el diputado frenteamplista Joaquín Garlo aseguró que el primer desembolso del contrato, de aproximadamente 8,2 millones de euros, fue autorizado sin analizar la documentación original y apoyándose únicamente en un informe jurídico cuyo cometido no era verificar la autenticidad o solvencia de las garantías. «No existieron controles profundos para evitar que el Estado uruguayo fuese estafado», zanjó.

Fiscalía pide la documentación

Desde el astillero vigués ya habían rechazado la invitación del Parlamento uruguayo para declarar de forma presencial ante la comisión especial (una comparecencia que en todo caso sería voluntaria). En una carta fechada en febrero de 2026, la empresa pidió que las preguntas se le enviasen por escrito.

La actual ministra de Defensa, Sandra Lazo, comparecerá en la próxima sesión, prevista para el lunes que viene. Además, el órgano investigador resolvió por unanimidad enviar a Fiscalía todas las actuaciones una vez finalice su plazo de trabajo, previsto para agosto.

El fiscal subrogante de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, solicitó el testimonio íntegro de las actuaciones parlamentarias vinculadas al contrato con Cardama, incluidas las versiones taquigráficas de las sesiones. También pidió conocer el plazo estimado para la conclusión del proceso que lleva a cabo la comisión especial, en caso de que la documentación completa aún no pudiera ser entregada.

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